MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un estudio de especialistas de ingeniería económica y asistencia técnica en el sector socio-sanitario de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha demostrado que la derivación de pacientes hospitalarios a residencias para recibir terapias de rehabilitación funcional reduce la estancia media de los usuarios y genera un "importante" ahorro del gasto público sanitario.
Además, este informe, titulado 'Propuesta para la Colaboración Público Privada en la coordinación socio-sanitaria', ha mostrado experiencias piloto implantadas por la red pública concertada de atención a la dependencia (Aecas) con centros como el Hospital de La Ribera que han permitido un ahorro de los costes de atención de 2,3 millones de euros año, al tiempo que han mejorado la satisfacción de los pacientes y reducido la estancia media de estos.
El estudio ha sido desarrollado por el Centro de Investigación en Economía y Gestión de la Salud (CIEGS) y el Instituto de Ingeniería Económica (INECO), con el objetivo de defender este modelo de colaboración socio-sanitaria para paliar las necesidades de atención de los enfermos crónicos de la Comunidad Valenciana.
Este programa tiene su origen en una experiencia piloto de los centros del Grupo Novaire con el Hospital Cardiovascular de San Vicente del Raspeig (Alicante), que ha permitido disponer de un amplio espectro de casos y un seguimiento de la evolución de los pacientes y la circulación de camas en el citado centro hospitalario, al tiempo que ha permitido agilizar la disponibilidad de camas para los Hospitales de Agudos, proporcionándoles así más movilidad en sus estancias
Asimismo, el citado informe ha desvelado que, al igual que la experiencia previa en Novaire, la colaboración analizada entre el citado hospital y la Residencia Solimar de Alzira ha conseguido mejorar los estándares de calidad del funcionamiento de una Unidad de Rehabilitación Funcional (URF), e incluso reducir de 25 a 20 días el periodo de estancia media para los pacientes derivados, en su mayoría personas que han sufrido un ataque cerebrovascular o padecen inmovilidad, con edades comprendidas entre los 62 y los 94 años.
De hecho, está experiencia ha tenido resultados "muy positivos" en los grupos de pacientes que requieren rehabilitación funcional precoz tras un ictus y accidentes cerebro vascular, con terapias orientadas a facilitar la autonomía mínima del paciente, y también los usuarios intervenidos de fractura de cadera. Estos grupos, junto con los pacientes encamados en el hospital durante mucho tiempo, han participado en programas de rehabilitación específicos para recuperar movilidad, obteniendo una adecuada ganancia funcional y paliación.
Además, la rapidez en la derivación desde el hospital a los centros de la red pública concertada de atención a la dependencia, como el citado de Solimar Alzira, garantiza que el paciente "no pierda movilidad", circunstancia que favorece que se reduzca el periodo de estancia media en la URF y que baje tanto la institucionalización, como la mortalidad.
El funcionamiento de este modelo de colaboración socio-sanitaria, donde el paciente crónico hospitalario es transferido a la unidad geriátrica de recuperación funcional en las instalaciones de Solimar, se concreta en la derivación del paciente a la consulta externa geriátrica, la Unidad Hospitalaria a Domicilio (UHD), la de rehabilitación (RHD) o a la Unidad Geriátrica de Recuperación Funcional en la residencia Solimar, en función de las necesidades del usuario.
De esta forma, se establece un programa "específico" para su proceso de rehabilitación funcional que favorece su "adecuada" recuperación, la "disminución" de la tasa de reingreso respecto a la media hospitalaria, al tiempo que facilita la permanencia de los vínculos familiares y sociales, ya que se presta la asistencia en un área próxima a la residencia del usuario.
