VALENCIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
La futura Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana establecerá el derecho de los mayores a una atención gerontológica "adecuada" en el ámbito sanitario, social y asistencial. Así lo establece una de las enmiendas aprobadas en el debate de este proyecto de ley en la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat.
Se trata de un texto normativo que el pasado mes de marzo presentó el Gobierno valenciano y que este jueves, tras el rechazo del PP a las enmiendas a la totalidad de la oposición --el pasado junio--, se ha debatido en la Comisión, donde se han aprobado siete enmiendas de PSPV y Compromís, así como dos transaccionales.
Tras la su aprobación en comisión por parte del PP, el texto deberá ser presentado en el pleno de las Corts y será la vicepresidenta de la comisión, la 'popular' María Fernanda Vidal, quien lo presente en el hemiciclo.
Esta Carta de Derechos Sociales recogerá el conjunto de principios, derechos y directrices sobre la actuación pública de la Generalitat en el ámbito de la política social. Sin embargo, los grupos de la oposición consideran que este texto no pasa de ser una "declaración de intenciones" porque "no se compromete" con la mejora de la vida de las personas.
"BODRIO LEGISLATIVO"
Entre las principales críticas de la oposición al texto, lamentan que no se mencione la sanidad y la educación en esta carta que "no puede salir a la calle sin regular estos aspectos", ha señalado la diputada socialista Verónica López. "Es un bodrio legislativo" destinado a "cubrir las espaldas del Consell" siete años después de que se anunciara esta carta, ha agregado.
Desde el PP, el diputado Eduardo Ovejero ha "tendido la mano" para alcanzar acuerdos para mejorar "si es posible" este proyecto de ley. Así, entre las enmiendas que los 'populares' han aceptado, una se refiere al derecho de los valencianohablantes a ser atendidos en su lengua en la administración.
Igualmente, se han aprobado otras enmiendas de carácter social que establece el derecho de las personas mayores a una "protección y atención integral" que les permita una "vida digna", así como acceder a atención gerontológico adecuada, en el ámbito sanitario, social y asistencial. Igualmente, introduce la necesidad de aplicar políticas activas de conciliación laboral y familiar que apuesten por la corresponsabilidad familiar y garanticen el principio de igualdad de oportunidades.
'PAÍS VALENCIANO'
El PP ha llegado a rechazar una enmienda de EUPV porque en el texto que modificaba el proyecto de ley estaba redactado con el término 'País Valenciano', aunque se ha dejado abierta la posibilidad de retirar esta denominación para que sea aprobada durante el pleno.
La portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, ha criticado que el Consell se haya dedicado, con esta carta, a realizar una "compilación de derechos y leyes ya existentes". Por ello, ha señalado que "si no pueden legislar sobre derechos sociales porque se lo han gastado todo en saraos, no lo hagan porque es hipócrita", al tiempo que ha remarcado que es una ley es inútil tal y como la plantean porque es papel mojado" y están haciendo "perder el dinero de los contribuyentes" con este debate.
En esta línea, la diputada de EUPV Esther López considera que la ley debería ser un "escudo social" para los ciudadanos. Entre las peticiones que le han sido rechazadas, la parlamentaria solicitaba que se incluyera un apartado referido a la "transparencia" de la administración.
ESTADO DE BIENESTAR "EN CRISIS"
El debate de esta Carta de Derechos Sociales ha devenido en algunas ocasiones en un debate de modelos de estado de bienestar, en el que el 'popular' Eduardo Ovejero ha señalado la necesidad de que la sociedad debe tomar conciencia de que el Estado de Bienestar "está en crisis" y que esto "no es agua para todos" o "café para todos". "Digo sí a los derechos a los desfavorecidos, pero a los que no son desfavorecidos que no piensen que está papá Estado siempre detrás", ha apostillado.
Por su parte, la socialista Verónica López ha señalado que "responsabilizar al individuo, que tiene que salir por sus medios de la situación de crisis actual, no se puede consentir", ya que, para ello, "se necesitan políticas activas" por parte del Gobierno.
