CASTELLÓN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha reabierto una causa para averiguar las circunstancias de la muerte de una mujer que sufrió una hemorragia tras someterse en un hospital de la provincia a un cateterismo para aplicarle un tratamiento de hemodiálisis debido a la agravación de una insuficiencia renal y cardíaca.
Así, la Sala estima en parte un recuso de apelación interpuesto contra un auto dictado por el juzgado de Instrucción número 1 de Castellón, que confirmaba otro anterior, por el que se establecía el sobreseimiento provisional de la causa, y acuerda la continuación de la instrucción a fin de llamar a los responsables de las actuaciones para, tras declarar como imputados, aclaren cómo se efectuó dicha intervención. El recurrente alegaba que se había producido una actuación negligente y que no existió consentimiento informado.
Según consta en uno de los informes médico-forenses, la paciente fue sometida a un cateterismo consistente en la inserción de un tubo o catéter a través de la vena yugular, en el cuello, para lo que se empleó una aguja fina y supuso la lesión de una arteria, lo que provocó una hemorragia que hizo que la mujer entrara en parada y en coma irreversible, que condujo a su fallecimiento.
Respecto a la praxis, se indica en dicho informe que no hay nada que induzca a pensar sobre la inadecuación de la misma, y añade que la relación de causalidad existe y apunta directamente a la acción del radiólogo intervencionista, pero ello no implica que su acción fuera descuidada o negligente.
En otro informe pericial aportado por la parte recurrente se indica que "llama la atención" que no se realizara control radioscópico o radiológico de la punta del catéter durante la punción fallida, "el cual hubiera determinado con prontitud la localización del mismo y la existencia de fuga de sangre a través del vaso dañado", y se concluye que los servicios sanitarios públicos no actuaron con la suficiente prudencia, cautela y diligencia, ocasionando un daño "desproporcionado".
La Audiencia considera que, en vista de los informes periciales y de la historia clínica de la fallecida, la instrucción es incompleta y que debe continuarse con la misma para aclarar cómo se efectuó el abordaje de la vena yugular y por quién se realizó, pues sin estis datos cree que no se pueden archivar las actuaciones.
