VALENCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las familias de los 20 fallecidos y los 51 heridos por estar en contacto con el amianto mientras trabajaban en la empresa Unión Naval se mostraron hoy "orgullos" por las indemnizaciones obtenidas, que alcanzan los 11 millones de euros, aunque lamentaron que es "un dinero maldito", es "la lotería de morir o de estar enfermos". Además, pidieron a la Administración un fondo nacional que indemnice "inmediatamente" a los enfermos o familias de fallecidos.
Así lo definió hoy el presidente de la Asociación en defensa de las víctimas del amianto, Rafael Cremades, en una rueda de prensa ofrecida en la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunitat Valenciana, en la que también estuvieron presentes otros afectados y familiares de fallecidos.
Cremades se mostró "satisfecho" por haber luchado durante seis años para llegar a una meta "que al final se ha conseguido", puesto que los afectados "han recibido las más altas cantidades indemnizatorias de Europa", dijo. Así, comparó la situación con Francia, donde señaló que las indemnizaciones fijadas ante este tipo de afectados rondan los 26.000 euros por enfermo leve, los 36.000 por grave y los 136.000 por fallecido, mientras que los de Unión Naval consiguieron 110.000 por enfermo leve, 150.000 por grave y otros 250.000 por fallecido.
Asimismo, destacó que se ha firmado con la empresa un protocolo de actuaciones para posibles futuros afectados o fallecidos, que rondarán los 110.000 euros para enfermos --demostrado con informes médicos-- y los 200.000 euros por fallecido.
No obstante, y a pesar de estas cifras, el presidente de la asociación aseveró que "no son indemnizaciones de alegrías", porque, explicó, "ni estoy ni estaré nunca contento, ya que lo que nos sucede no está pagado con dinero". "Lo único --agregó-- que nos queda es poder sacar lo máximo que se pueda, pero es un dinero maldito. Nos ha tocado la lotería de morir o de estar enfermos", lamentó.
Asimismo, avanzó que continuarán su lucha junto a otras asociaciones de España, al reivindicar a la Administración que cree un fondo nacional, como el de Bélgica o Francia, en el que demostrando que una persona ha fallecido o enfermado por su exposición al amianto, "pueda recibir inmediatamente la indemnización", evitando "el calvario de los tribunales y la espera de años". Esto es, según dijo, lo que las asociaciones intentan conseguir, aunque la Administración "está cerrada en banda", criticó.
UN POCO DE HISTORIA
Cremades realizó "un poco de historia" de los afectados por el amianto, y se remontó a las primera denuncias presentadas en el juzgado de Valencia en 2007 por cinco familias de fallecidos y un sólo afectado.
Tras este primer paso legal, la magistrada encargada de la causa declaró abierto el juicio oral contra las mercantiles Unión Naval de Levante S.A y Unión Naval Valencia S.A., y contra tres representantes legales de la primera y seis de la segunda por delitos contra los derechos de los trabajadores, homicidio por imprudencia y lesiones por imprudencia.
En noviembre de 2007, la empresa intentó cerrar un acuerdo, y ofreció 250.000 euros para los herederos de cada fallecido, y otros 150.000 euros para el único afectado. No obstante, la mercantil no llegó a ingresar ese dinero, y aparecieron más compañeros fallecidos y otros muchos enfermos.
Por ello, en 2008, después de que la Fiscalía solicitara otra vez la apertura de juicio oral, Unión Naval volvió a cerrar un acuerdo, culminado el pasado viernes, por el que indemnizó con 250.000 euros a cada familia de fallecido; 150.000 euros para los enfermos graves y 110.000 para los menos graves.
