Niega que los juzgados vayan a cerrarse y reclama un "pedacito" de los aplausos para los trabajadores de la Justicia
MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este viernes que ha puesto a disposición del Ministerio de Sanidad una plantilla de funcionarios dependientes de su departamento entre los cuales se encuentra los más de 750 médicos forenses, 180 facultativos, 84 técnicos especialistas en laboratorio y 83 ayudantes de laboratorio, para hacer frente a la pandemia por coronavirus.
Así lo ha dicho en una rueda de prensa que ha ofrecido, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para informar del seguimiento de las medidas contenidas en el decreto de estado de alarma así como de aquellas decisiones que competen al departamento de Justicia y que buscan coordinar y garantizar la prestación de los servicios esenciales fijados.
Según ha explicado Campo, este mediodía se ha celebrado una reunión por videoconferencia de la Comisión de Coordinación, integrada por el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas, en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, y se han "consensuado" dos nuevas medidas importantes.
La primera, poner a disposición del Ministerio de Sanidad y de los servicios de salud de cada Comunidad Autónoma una serie de funcionarios con "formación especializada". Se trata de 756 médicos forenses que operan en todo el territorio nacional. "Son todos salvo los que cubren servicios esenciales", ha apuntado .
EXPERTOS EN REALIZAR PCR
A ello se suman 180 facultativos, 84 técnicos especialistas en laboratorio y 83 ayudantes de laboratorio, adscritos al Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, que "pueden ayudar en la realización del análisis que permite la detención del virus". Es "personal con formación especializada en la realizacion de pruebas PCR, las que se utilizan para detectar el virus", ha explicado el ministro de Justicia.
El segundo acuerdo al que ha llegado la Comisión de Coordinación pasa por la creación un norma común en una materia de seguridad laboral para juzgados y tribunales. En este sentido los consejeros autonómicos y el Ministerio de Justicia se han "comprometido" a remitir sus aportaciones durante el fin de semana y esperan contar ya con un texto el próximo domingo.
Campo, que ha comparecido por primera vez tras la declaración del Estado de Alarma, ha contestado a varias preguntas que se le han remitido de forma telemática en relación con las quejas vertidas tanto por jueces y fiscales como por funcionarios de justicia por la ausencia de medidas de autoprotección para prestar los servicios mínimos fijados.
En este sentido, Campo se ha insistido una y otra vez a que se cumplen los criterios fijados por el Ministerio de Sanidad y ha afirmado que "no se va a cerrár ningún juzgado" salvo que se ordene por la autoridad sanitaria en aquellos lugares en los que se detecten positivos. Además, ha anunciado que "se van a aumentar las medidas de autoprotección en los próximos días".
Por otro lado el titular de Justicia ha destacado la labor de jueces, fiscales, letrados de la Administración de la Justicia, abogados, graduados sociales y todos los operadores jurídicos que quizá "no es tan visible" y ha reclamado para ellos "un pedacito" de los aplausos de agradecimiento que los ciudadanos dan estos días a otros colectivos.
También ha destacado Campo la "coordinación" con la que han venido trabajando tanto el Ministerio como el CGPJ, la Fiscalia y también las comunidades autónomas, rechazando que desde ninguna de ellas se hayan adoptado disposiciones que permitan dispensar a funcionarios de Justicia de acudir a sus puestos de trabajo para cumplir con los servicios esenciales establecidos. "En el frontispicio están las disposiciones dadas por sanidad, y creo que podemos dar un mensaje uniforme", ha manifestado.
Preguntado por el turno de oficio, ha insistido en que este asunto también se ha abordado en la videoconferencia que ha mantenido este viernes con las comunidades autónomas y que se ha decidido estar igualmente "bajo el prisma de las autoridades sanitarias", al tratarse de una actividad que hay que prestar porque afecta a un derecho fundamental. "Puedo asegurar que se están observando las medias marcadas por la autoridad sanitaria", ha zanjado.
