VALENCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
La recién constituida Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana, que agrupa por el momento a más del 80 por ciento de empresas del sector, ha exigido este martes a la Generalitat valenciana los "miles de millones" de euros que les adeuda en facturas, algunas de ellas de 2004, ya que en caso contrario pueden quebrar o cortar el suministro, con lo que además de la pérdida de 500 puestos de trabajo "peligraría la vida de muchos valencianos".
El portavoz de esta Plataforma, el abogado Vicente Peiro, ha ofrecido una rueda de prensa acompañado por el presidente de la asociación, Fernando Serrano, el vicepresidente, Antonio Cerveró, y la vicesecretaria, Carmen Carrión, para denunciar estos impagos y exigir soluciones.
Al respecto, han explicado en rueda de prensa que la media de pago es de 600 días frente a los 60 días que exige la ley a los ciudadanos "pero de la que parece que está exenta la Administración" de modo que algunas de estas empresas tienen facturas pendientes desde 2008, incluso alguna perdida desde 2004, y todavía no se les ha pagado "ninguna" de 2011. Entre los hospitales con más retraso figuran Alzira, con más de 200 días de demora, o el IVO, pero "sí que hay dinero para los grandes eventos".
Pero lo "peor", recriminan, es que el Gobierno valenciano no les garantiza un plazo de pago con el que poder gestionar sus empresas y presentarse ante los bancos, que "ya no quieren financiar más con ninguna Conselleria".
Así, apuntan que el problema de fondo es que el Gobierno no "hace un gasto responsable" del presupuesto ya que sabiendo que existe una deuda de 1.300 millones, a los que hay que sumar las facturas devengadas más los intereses que generan, y que estos artículos son "imprescindibles", el presupuesto de 2011 adjudica para este gasto un 30 por ciento de lo presupuestado para 2010, cuando ya estaba mermado un 40 por ciento respecto a lo consumido en 2009.
Esto obliga a los proveedores, ya "asfixiados por la deuda de años anteriores de "soportar en sus espaldas el 70 por ciento del gasto de 2011". Además, explican que ellos deben adelantar la compra de suministros en el exterior y la mayoría de sus proveedores son internacionales, así como el IVA y el IRPF aunque a ellos no les hayan pagado.
Sin embargo, han criticado que en lugar de buscar un solución están "más interesado en inaugurar Centros de salud, Hospitales o cualquier otra cosa que dé votos para atender los derechos de unas empresarios que además de estar jugándoles todo su patrimonio, están manteniendo cientos de puestos de trabajo". Por todo ello, exigen que se "dejen de lujos superfluos" y les proponga un plan de pagos fiables ya que advierten de que su situación es tan "agónica" que "no podemos llegar al mes de mayo de 2011 como parece que quieren los políticos: abordar nuestro problema después de las elecciones".
REUNIÓN CON SANIDAD
Estos proveedores tienen prevista una reunión con el conseller de Sanidad, Manuel Cervera, el próximo día 11, aunque ya les ha adelantado que no podrá solucionar el problema porque "no es su departamento quien gestiona el dinero". Por ello, exigen una reunión con Hacienda y con el presidente de la Generalitat. "En el País Vasco se paga a 60 días y en Navarra a 30 días, por tanto sí se puede, pero hay que querer2, apostillan.
Al respecto, advierten de que si pasada esta reunión no tienen una solución muchas de ellas se verán obligadas a cerrar o estudiarán cortar el suministro de unos productos vitales, que puede incluso suponer un riesgo para la salud de los ciudadanos ya que "una persona que necesita una prótesis cardiaca no se le puede decir que espere unos días". De hecho, comentan que se han dado casos de recibir un pedido por urgencia para atender a un enfermo que ya estaba anestesiado en la mesa de operaciones. "Si nosotros desaparecemos las grandes multinacionales no atenderán estos servicios", advierten.
Esta Plataforma se constituyó el pasado 12 de marzo con la presencia de 60 empresas de proveedores, de los que ya han formalizado su inscrita 23 asociados que representan el 60 por ciento de la facturación y un 80 por ciento del sector valenciano.
