ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los comités de bioética autonómicos y el de España han aprobado en Zaragoza una declaración en la que se apuesta por la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, para lo que se reclama "financiación adecuada" y "responsabilidad compartida".
En una reunión de estas entidades celebrada en la capital aragonesa, se ha emitido esta declaración titulada 'Ética y responsabilidad en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud' con la que pretenden "contribuir a la reflexión pública".
Así se indica en el documento, fechado este miércoles, 16 de noviembre, que posee cuatro conclusiones. La primera de ellas afirma que "nuestra sociedad aspira a consolidar un Sistema Nacional de Salud público, de calidad, universal y solidario, para lo cual es necesario lograr su sostenibilidad".
Añade que esta última "no se conseguirá sólo con una adecuada financiación, aunque éste sea un requisito imprescindible", sino que "la responsabilidad compartida de todos los agentes implicados en el funcionamiento eficiente y en la sostenibilidad del sistema debería conducir a un proceso de reflexión que abra nuevas perspectivas".
Estas son la segunda y tercera conclusión, mientras que la cuarta afirma que, "a partir de la ética de la responsabilidad planteada en esta declaración, proponemos abrir un debate social que se traduzca en iniciativas y medidas concretas, susceptibles de evaluación, en los diferentes ámbitos implicados".
El documento posee una introducción y dedica apartados a profesionales sanitarios; políticos y gestores; ciudadanos y pacientes; proveedores --industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias-- y medios de comunicación y publicidad.
VARIABILIDAD
La declaración constata, en primer lugar, "la variabilidad que se observa dentro del sistema sanitario, con diferencias en las prestaciones sanitarias entre Comunidades autónomas y evidentes desigualdades que afectan, principalmente, a los colectivos más débiles y desfavorecidos de la sociedad".
Asimismo, argumenta que la puesta en riesgo del SNS "atenta" contra el Estado social, democrático y de derecho, dado que la protección de la salud "garantiza tanto los derechos a la vida y a la integridad de las personas como su participación en el sistema democrático y el ejercicio de los restantes derechos", ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.
Por eso, la declaración subraya que es necesario promover "la corresponsabilidad de todos los agentes implicados" en el sistema, gestores, ciudadanos, proveedores y medios de comunicación.
PROFESIONALES SANITARIOS
El documento recalca que los profesionales sanitarios toman a diario decisiones "con significativas consecuencias sobre la distribución de recursos", lo que les convierte "en gestores del sistema" y recomienda que se establezcan criterios basados en la equidad.
Además, apunta que "los profesionales deberían mostrarse favorables a las reformas de los servicios que sean necesarias para mejorar la optimización de los recursos".
La declaración alerta, asimismo, de la tendencia a la "medicina defensiva" fruto de la "judicialización de los errores profesionales", "que se traduce en un incremento de costes sanitarios que no benefician al paciente y lastran el sistema sanitario".
En este punto, los comités apuesta por "sistemas de detección, evaluación y corrección de los errores y daños" y por fórmulas de resolución de conflictos "que eviten la judicialización de la relación sanitario-paciente", algo que "promovería un clima de confianza en la relación clínica, que es un pilar importante de la sostenibilidad del sistema".
POLÍTICOS
El documento apunta, en cuanto a los políticos y gestores, que es "esencial" potenciar el papel coordinador del Consejo Interterritorial para "vertebrar el SNS desde el principio de defensa del interés general, con rendición de cuentas y transparencia".
"Hay que rechazar las desigualdades injustificadas entre Comunidades autónomas, que no benefician a nadie y se alejan del interés colectivo", añade. El texto también advierte de "la desigual asignación de recursos entre la atención hospitalaria y la atención primaria", que "está incrementando el desequilibrio histórico entre ellas".
La declaración defiende "la profesionalización de la función directiva" y sostiene que "debe evitarse que la gestión de los centros sanitarios corresponda a directivos nombrados exclusivamente por razones de afinidad política o personal, sin considerar la formación y la experiencia, porque está en juego la calidad de la asistencia y el correcto funcionamiento de un servicio público".
En el caso de los ciudadanos, el documento apunta la necesidad de "promover la formación de ciudadanos y pacientes en el uso adecuado de unos recursos que, aun en tiempos de bonanza económica, siempre serán limitados".
En este sentido, se deben impulsar iniciativas que favorezcan los comportamientos responsables de la ciudadanía en el uso de los recursos colectivos para lograr "responsabilidad" en el consumo de medicamentos prescritos, evitar la realización de pruebas complementarias innecesarias o repetidas y anulación con antelación de citas para consultas que no van a utilizarse.
PROVEEDORES
Los comités aseguran, respecto a los proveedores del SNS, que "sería deseable" que los fuesen partícipes de un pacto por la sostenibilidad del sistema, "actuando con corresponsabilidad y transparencia, contribuyendo a las políticas basadas en las necesidades reales de salud de los ciudadanos, evitando la tendencia a la medicalización y sometiendo las novedades farmacéuticas al juicio de comisiones de evaluación de la tecnología, que las autoridades sanitarias deben crear con garantías de independencia".
Por último, la declaración indica que los medios de comunicación y la publicidad ejercen una "influencia incuestionable" en los estilos de vida de la población y en la socialización de la información científica.
