Justifica la iniciativa en la necesidad de reequilibrar las desigualdades existentes en zonas urbanas y rurales
VALLADOLID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
El programa de reordenación del sistema sanitario en Atención Primaria en Castilla y León afectará a un total de 194 profesionales, de ellos 118 médicos y 76 enfermeras, dentro del objetivo del consejero del ramo, Antonio María Sáez Aguado, de reequilibrar las actuales desigualdades existentes en cuanto al cupo de tarjetas sanitarias asignado a unos y otros, tras constatar la cada vez mayor carga de trabajo que soportan ambos colectivos en las grandes ciudades, frente a la disminución registrada en el medio rural.
Sáez Aguado, que, a petición propia, ha comparecido hoy en la Comisión de Sanidad de las Cortes, con el propósito de explicar los detalles del referido plan, ha destacado que la aprobación de la nueva estrategia en Atención Primaria se consensuará en la Mesa Sectorial con las seis organizaciones sindicales representadas, las organizaciones profesionales y las sociedades científicas.
Asimismo, ha asegurado que, como criterios principales, su aplicación garantizará "el mismo número de profesionales, lo que permitirá que Castilla y León siga siendo la primera comunidad en recursos humanos, así como el mantenimiento de la atención en centros de salud y consultorios locales con la misma frecuencia, intensidad y accesibilidad".
El titular de Sanidad, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha anunciado que la reordenación de la Atención Primaria, una vez pactada, se desarrollará de forma inmediata en cada una de las once áreas de salud de la Comunidad y en dos fases, una primera que afectará a 83 profesionales de la medicina y a 46 de la enfermería y una segunda que provocará la movilización o traslado desde zonas rurales a urbanas de otros 35 médicos y 30 enfermeros y enfermeras.
Aunque no existe en España una regulación sobre el cupo óptimo de tarjeta sanitaria por cada médico o enfermera, el objetivo que la Consejería de Sanidad persigue con esta reestructuración es alcanzar en las zonas urbanas las 1.432 por cada profesional de la medicina y las 706 en el ámbito rural, así como la proporción de 1.491 y 881 pacientes por cada profesional de la enfermería, respectivamente.
En la actualidad, pese a que en Castilla y León la media de tarjetas sanitarias por médico y enfermera es mucho más baja que en España, de 931 y 1158, respectivamente , mientras que en el conjunto del territorio nacional, por el mismo orden, se eleva a 1.398 y 1.606, Sáez Aguado ha insistido en que es preciso adoptar medidas de reequilibrio para evitar casos puntuales de médicos con 1.600 tarjetas asignadas y otros con poco más de 300.
La medida supondrá la movilización desde las zonas rurales a las urbanas de un 4,9 por ciento de los 2.382 médicos de Atención Primaria en Castilla y León y del 3,6 por ciento de los 2.111 profesionales de enfermería, si bien el titular de Sanidad ha remarcado que no se contempla recorte alguno de efectivos," tan sólo una disminución de las sustituciones, mientras que la tasa de reposición no volverá a alcanzar los porcentajes de años anteriores", al tiempo que ha prometido que la A.P. de la Comunidad, gracias a esta reestructuración, podrá seguir ocupando la primera posición en el Sistema Nacional de Salud en recursos humanos, infraestructuras sanitarias, que aglutinan el 34% por ciento del total de centros en España, y en recursos de diagnosis, con hasta 203 pruebas diagnósticas y terapéuticas.
Lo que sí ha remarcado Sáez Aguado es que la iniciativa de su departamento no se produce como reacción a los recortes aplicados en sanidad por el Gobierno de Rajoy ni debido a la situación de crisis generalizada, pues, tal y como ha añadido, el proceso ya se inició en 2002 a raíz de la asunción de las trasferencias y continúa ahora en el convencimiento de que "la reordenación de recursos es necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema" y, además, porque su repercusión económica será "muy pequeña, ya que, aunque de forma más equilibrada, se mantiene el mismo número de profesionales", a lo que ha sumado que se trataba de una reclamación del sector, de los sindicatos y de las sociedades científicas.
LA FACTURA FARMACÉUTICA DE 2001
Durante su comparecencia, el consejero se ha referido también, a petición en este caso del PSCL, a la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a la Junta de Castilla y León en su reclamación al Gobierno central por la factura del gasto farmacéutico correspondiente a diciembre de 2001 y que condena a la Administración central al abono de un total de 70 millones de euros, de ellos 36 relativos a la deuda material y el resto en concepto de intereses de demora.
Al respecto, Sáez Aguado se ha limitado a enmarcar la deuda en el proceso de traspaso de competencias en sanidad registrado en 2002, que no incluyó entonces esos 36 millones de coste farmacéutico y que obligó a la Administración regional a acudir inicialmente a la vía administrativa y más tarde, ante la negativa del Gobierno central, a la vía judicial.
Sin embargo, el procurador socialista José Francisco Martín ha aprovechado la comparecencia del anterior para denunciar la "hipocresía" del Partido Popular por presentar al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, como principal artífice del cobro de esa deuda, cuando, tal y como ha criticado el socialista, el Ejecutivo regional fue el que "asumió con absoluta sumisión" el traspaso de la sanidad en la etapa de Aznar, sin reclamar los 36 millones del gasto farmacéutico por la vía judicial hasta el 18 de marzo de 2005, casualmente al poco de llegar al poder el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
"En marzo de 2002 el entonces consejero de Sanidad, Carlos Fernández Carriedo, aseguró en sede parlamentaria que no había ninguna cuenta pendiente, que ya había pagado el Insalud, si bien es el 3 de junio de 2004 cuando en las Cortes instó a la Junta a que reclamase al Estado el dinero. ¡En qué quedamos!", ha censurado Martín.
