VALLADOLID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno central y la Junta de Castilla y León han acordado resolver las discrepancias existentes en el Decreto-Ley de Medidas Urgentes adoptado por el Ejecutivo autonómico en materia sanitaria el pasado 25 de octubre de 2012.
Según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado 29 de enero la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local aprobó esta resolución de acuerdo, surgido de la reunión mantenida entre ambas instituciones el día 2 del mismo mes.
Tal como han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad, la discrepancia "fundamental" con el Estado surgía de una cuestión léxica referida a los términos "prórroga" y "prolongación".
Esto se refiere a la decisión de la Junta, en la disposición final primera, de modificar la posibilidad de que los facultativos de la Sanidad prolonguen voluntariamente su vida laboral más allá de la edad de jubilación, a fin de que esta práctica se limitara "a casos muy concretos".
Sin embargo, el empleo del término "prórroga", que se refiere a aquellos trabajadores que continúan en su puesto de trabajo por no haber alcanzado todavía el mínimo de cotización necesario, hizo que el Gobierno llevara dicha ley ante el Tribunal Constitucional (TC).
A pesar de ello, el acuerdo alcanzado supone la paralización de este proceso y el compromiso de iniciar negociaciones para resolver estas discrepancias, así como de designar un Grupo de Trabajo para proponer a la Comisión de Cooperación la solución que proceda.
