Es una de las iniciativas que recoge el convenio marco suscrito entre la Junta y las cuatro instituciones académicas
VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las cuatro universidades públicas de Castilla y León contarán en un futuro con la figura del agente de salud en materia de prevención de drogas, función que será ejercida por universitarios, debidamente formados en la materia, que se encargarán de concienciar a sus compañeros sobre los peligros y consecuencias que supone la ingesta de este tipo de sustancias.
La iniciativa forma parte del convenio marco suscrito hoy por los rectores de las universidades de Valladolid, León y Burgos, Evaristo Abril, José Ángel Hermida y Alfonso Murillo, respectivamente, así como por el vicerrector de la de Salamanca, Manuel Alcántara, y los máximos responsables de las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Educación, César Antón y Juan José Mateos, por el mismo orden.
El referido convenio, enmarcado en las distintas acciones específicas que contempla el VI Plan Regional Contra las Drogas de Castilla y León (2009-2013), tiene por objetivo desarrollar una política integral continuada ante el consumo de drogas en el ámbito universitario, lo que beneficiará a una población universitaria que supera las 76.000 personas.
Su puesta en marcha obedece a que parte de la población juvenil y universitaria asocia el consumo de drogas a valores positivos como la libertad, la modernidad, la transgresión o experimentación, visión a la que se suma una infravaloración de los riesgos que conllevan y una considerable ignorancia de las mismas, sus peligros y sus consecuencias.
El consejero de Educación, Juan José Mateos, en declaraciones recogidas por Europa Press, justificó la firma del convenio en el hecho de que la juventud "es un colectivo especialmente sensible a este grave problema que es de toda la sociedad" y, entre las medidas programadas al amparo de esta colaboración con las cuatro universidades públicas de la Comunidad, citó la puesta en marcha de campañas de sensibilización, la creación de equipos de estudiantes formados para actuar como agentes de salud en materia de drogas entre sus propios compañeros y el asesoramiento profesional individualizado a universitarios con consumos problemáticos y el rechazo a fiestas.
ACTIVIDADES LÚDICAS SIN ALCOHOL Y DROGAS
Además, los suscriptores de este convenio marco se comprometieron a rechazar aquellas fiestas universitarias o 'botellones', tanto en los campus como fuera de ellos, en los que se vendan y consuman bebidas alcohólicas, así como a "llamar la atención de la opinión pública para cambiar estos hábitos y demostrar que es posible desarrollar actividades lúdicas en las que no tengan cabida las drogas", sentenció el consejero de Educación.
Por su parte, el titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, cuyo departamento consignará un total de 120.000 euros a la puesta en marcha de estas medidas en el actual curso académico, anunció la disposición a extender el programa al resto de universidades privadas de la Comunidad ante la gravedad del problema, si bien resaltó que "la mayoría de la juventud en Castilla y León es solidaria, implicada, muy bien informada y formada y consciente de que para pasárselo bien no es necesario consumir drogas o alcohol".
Sí reconoció, sin embargo, que mientras el consumo de alcohol y tabaco en el conjunto de la población de la Comunidad está en niveles inferiores al conjunto de la media española, y todavía más bajos con respecto a las drogas ilegales, entre el colectivo joven la ingesta de bebidas alcohólicas y cigarrillos supera la media nacional.
El rector de la ULE, José Ángel Hermida, quien intervino como portavoz de las cuatro instituciones académicas, aprovechó el acto para precisar que, si bien "una parte residual de la juventud está metida en la droga, la mayoría de la comunidad universitaria es solidaria, trabaja y es la más formada de la historia. La Universidad no es drogadicta".
Hermida, al igual que los anteriores, incidió igualmente en que la lacra de la droga es un problema que afecta y compete a toda la sociedad y, en tal sentido, para luchar contra ella demandó la colaboración de todas las instituciones, entre las que citó los ayuntamientos, las subdelegaciones del Gobierno y la Delegación del Gobierno en Castilla y León. "Las universidades podemos hacerlo, pero para ello necesitamos ayuda porque estamos hablando de algo que sobrepasa el ámbito universitario", advirtió.
