Hijos de embarazadas que consumieron este medicamento contra las náuseas nacieron con graves malformaciones
MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Consumo de CiU en el Congreso, Lourdes Ciuró, defenderá el próximo miércoles una proposición no de ley en la que pide al Gobierno más apoyo para las personas afectadas por el consumo del fármaco talidomida y para ello, que se modifique la legislación actual, de cara a disponer de más tiempo para poder identificar a los afectados por el consumo de este fármaco.
Según explican los nacionalistas catalanes fue la farmacéutica alemana Grünenthal quien sacó a la venta este medicamento en 1957 contra las náuseas en el embarazo. Posteriormente fue retirado tras detectarse que provocaba graves malformaciones en los fetos. En España se procedió a su retirada en 1963, pero continuaron comercializándose fármacos que contenían talidomida hasta 1973.
Para dar apoyo a este colectivo en España se reguló en 2010 un decreto de ayudas para los afectados aunque, en opinión de CiU, esta norma es "muy restrictiva" y del "todo insuficiente", ya que el abanico de afectados que reconoce es "muy limitado", dado que sólo abarca a los afectados que se gestaron y nacieron entre 1960 y 1965.
EN OCTUBRE SE CELEBRA EL JUICIO CONTRA EL LABORATORIO
Así, Ciuró quiere que se modifique este decreto para ampliar el umbral de cobertura a las gestaciones y nacimientos que tuvieron lugar entre 1957 y 1973, según la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España, máxime teniendo en cuenta que el próximo mes de octubre se verá el juicio contra la farmacéutica Grünenthal por dispensar este fármaco.
"Es del todo oportuno que se proceda a revisar el marco de víctimas reconocidas ahora ya que, si no se amplía, supondría que afectados en España no podrían acogerse a la indemnización derivada de una eventual sentencia estimatoria contra la farmacéutica alemana", según advierte.
Además, Ciuró pide al Gobierno que se replantee las indemnizaciones compensatorias y que evalúe la incorporación de este colectivo en el sistema de exenciones en el pago de medicamentos y material ortoprotésico.
La nacionalista defiende también que la normativa proteja a los afectados con nacionalidad española que nacieron en el extranjero y que se posibilite su jubilación voluntaria o que se les reconozca pensiones vitalicias, como sucede en otros estados de la UE.
