PALMA DE MALLORCA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma ha citado a declarar este viernes, a las 10.00 horas, como imputado al director general de Gestión Económica y Farmacia, César Vicente Sánchez, por la querella por no haber convocado concursos para las oficinas de farmacia, que también se presentó contra el expresidente del Govern, José Ramón Bauzá y el exconseller de Salud, Martí Sansaloni.
Asimismo, ha citado también a la exsecretaria general de la Conselleria de Salud, Lucía Matías, este mismo viernes a las 11.00 horas.
Cabe recordar que el pasado 11 de febrero la Audiencia Provincial de Baleares dictó un auto con el que ordenaba al Juzgado de Instrucción número 7 de Palma admitir a trámite esta querella interpuesta por un presunto delito de prevaricación por no haber convocado concurso de méritos para la adjudicación de oficinas de farmacia por tener "intereses personales en el sector".
El tribunal de la Sección Segunda estimó el recurso de apelación interpuesto por un farmacéutico contra la inadmisión de su querella en primera instancia, al recalcar que deben practicarse diligencias que lleven a determinar los hechos presuntamente delictivos, por lo que por ahora no cabe su inadmisión a trámite.
Junto a Bauzá y Sansaloni, también figuraba como querellado el exdirector general de Gestión Económica y Farmacia, Vicente Sánchez, mientras que la denuncia fue posteriormente ampliada contra la exsecretaria general de la Conselleria de Salud, Lucía Matías, por infidelidad en la custodia de documento y falsedad en documento público y prevaricación.
El querellante alegaba que el anterior Govern había autorizado la creación de nuevas farmacias en Baleares desde febrero de 2009 hasta mayo de 2011, mientras que en octubre y noviembre de ese año se autorizaron dos más. Sin embargo, recrimina que no fue hasta agosto de 2013 cuando el actual Ejecutivo instó la convocatoria del concurso de méritos para determinar a quién debían ser adjudicadas.
En su auto, el tribunal asevera que la inadmisión acordada en primera instancia "sólo se permite en el caso en que los hechos, pura y objetivamente" tal y como están redactados en la querella, "presenten o no, a las claras, caracteres de delito". "La mínima duda que exista sobre la configuración fáctica o encuadre jurídico sólo permite dictar una resolución de admisión de la querella para la posterior investigación de los hechos", abunda.
