MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, aseguró hoy que el rechazo de los consejeros autonómicos populares a los proyectos de los reales decretos que desarrollan la ley del aborto recoge "la preocupación de las administraciones y los profesionales de la sanidad", quienes tienen que asumir "una responsabilidad muy grave" al decidir sobre el aborto de las menores con problemas familiares y, alertó, les sitúa en una posición de "inseguridad jurídica".
Fernández-Lasquetty, que se pronunció así a los medios durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), avisó de que los reales decretos dan una responsabilidad a los profesionales sanitarios que "nada tiene que ver" con sus funciones y denunció que el Gobierno esté tomando este tipo de decisiones "sin contar" con la opinión de los responsables sanitarios.
En concreto, las comunidades del PP han pedido la retirada del Real Decreto de Garantía de Calidad Asistencial de las Prestaciones a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, cuyo objetivo es garantizar la calidad asistencial en la asistencia al aborto, y del Real Decreto de Desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, que establece que serán los médicos quienes decidan sobre el aborto de las menores que no informen a sus padres por miedo a generar un conflicto familiar grave.
Un conjunto de medidas que, a su juicio, "comprometen gravemente a los profesionales de la salud". Asimismo, respecto a los acuerdos adquiridos el 18 de marzo para realizar el primer recorte de gastos sanitarios, Fernández-Lasquetty informó de que la Comunidad de Madrid es "partidaria" de que dialogar las medidas y pidió al resto de regiones autonómicas que reflexionen "sin hacer trampas, sin prejuicios" y de una manera "sincera" ya que, recordó, estos aspectos hay que aprobarlos "con independencia" del color político autonómico.
De esta manera, subrayó la necesidad de "avanzar" en la implantación del documento acordado el 18 de marzo y destacó la importancia que tiene que las decisiones que se tomen sean de manera "consensuada" y sin "descalificar las cosas".
