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MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora Estatal de VIH y sida (Cesida) ha celebrado el inicio de los trámites para una regularización administrativa extraordinaria de más de medio millón de personas migrantes que viven en España, destacando que facilitará su acceso efectivo al sistema sanitario, permitiendo superar una situación de exclusión estructural que afecta a su salud y bienestar.
Cesida ha destacado la importancia de esta medida en el contexto de la respuesta al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), ya que el acceso ordinario a la atención sanitaria permite avanzar en diagnóstico, tratamiento y acceso a las estrategias de prevención combinada, como la profilaxis preexposición (PrEP) o la profilaxis posexposición (PEP).
En este punto, la entidad ha recordado que un sistema sanitario que se considere verdaderamente universal debe atender de forma prioritaria a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, incluidas aquellas que se encuentran en riesgo de adquirir el VIH.
Por ello, ha aseverado que la exclusión administrativa no solo vulnera derechos, sino que debilita las estrategias de salud pública y la respuesta colectiva frente a la epidemia.
El migrante venezolano con VIH y miembro de la ejecutiva de Cesida Jesús Cisneros ha resaltado el beneficio que supondrá la regularización para "todas estas personas que se han encontrado durante años trabajando en una economía sumergida y viviendo de una manera bastante precaria".
Además, ha abogado por seguir avanzando en leyes como esta y agilizar los procesos administrativos, ya que, según ha afirmado, estas personas llegan a España muchas veces "porque su vida depende de ello, dependen de la medicación del VIH para seguir viviendo".
Las entidades de Cesida que trabajan con población migrante están ya movilizadas para facilitar la tramitación de esta regularización, ofreciendo información, acompañamiento social y apoyo jurídico a las personas potencialmente beneficiarias del proceso.
La Coordinadora estatal de VIH y sida también ha demandado poner el foco en los plazos y requisitos administrativos que siguen condicionando el acceso a la atención sanitaria. En particular, ha indicado que los tiempos asociados al empadronamiento, cuyo plazo de resolución puede alcanzar hasta tres meses, continúan siendo un factor que puede retrasar de forma significativa el acceso a la salud.
