BARCELONA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las patronales sanitarias concertadas La Unió y Consorci de Salut i Social de Catalunya han estimado un impacto de 80 millones de euros anuales en sendas cuentas de explotación como consecuencia de la subida del IVA al 21%, por lo que han reclamado compensaciones a la administración.
En declaraciones a Europa Press el presidente de La Unió, Manel Jovells, y el director del Consorci, Ramon Conillera, han expresado su importante "preocupación" por la subida, que se deberá acumular a la bajada del 2% de las tarifas y reducción de la contratación de la actividad entre un 3% y un 7% impuestas por la Generalitat el año pasado.
"Es un incremento directo a nuestros costes", ha explicado Jovells, quien ha reclamado comprensión con un sector al que ya se le piden múltiples esfuerzos, como también ha señalado Cunillera alegando la vocación de servicio público de los hospitales comarcales y centros sociosanitarios concertados que representa.
Jovells estima que el impacto en las cuentas de explotación por compra de productos y servicios será del 1,4% del gasto, lo que representa 40 millones de euros, que ascenderán a 50 millones, si se tiene en cuenta el capítulo de inversiones por obras o la compra de alguna máquina para los centros.
"El sector está muy castigado con las reducciones ya aplicadas, y querríamos que el IVA no afectara a las entidades sanitarias y sociales", porque al fin y al cabo venden un servicio a la administración, ha argumentado el líder de la patronal, que ya bajo el liderazgo del conseller de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, había insistido en reclamar la abolición del IVA para la compra de servicios sanitarios.
Ambos han reclamado una compensación a la administración para hacer frente a este gasto, y Cunillera ha avanzado que pedirán una interlocución rápida con la administración catalana para abordar esta cuestión.
"Deberemos ir a buscar ingresos, y si no podemos tendremos que mirar qué partidas podemos recortar", ha indicado el director general del Consorci, quien ha recordado que los centros no pueden hacer déficit porque así lo prohíben las leyes del Estado.
