BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los recortes de la Conselleria de Salud de la Generalitat reducirán la cobertura del transporte sanitario público en 935 horas diarias y afectarán a casi 500 trabajadores, según ha alertado este viernes el sindicato CC.OO. en rueda de prensa, después de la convocatoria de huelga en el sector concertado promovida por UGT, Conc y Usoc la última semana de julio.
La central sindical, que ha constatado la llegada "significativa" de los recortes sanitarios en Catalunya este mes de julio, ha acusado al conseller de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, de mentir al asegurar que los ajustes no afectarán a los servicios de urgencias.
"En estos momentos podemos afirmar que el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que presta los servicios del transporte sanitario de urgencias aplicará una reducción horaria en algunos de sus vehículos de apoyo vital básico que prestan este servicio con una reducción total de la cobertura de 935 horas diarias", ha aseverado el responsable de la Agrupación de ambulancias de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., Venanci Garcia.
Ello supone una reducción del 6% anual, pero como la aplicación es retroactiva se convierte en un 12% ó 14% computable a partir del mes de julio.
Según Garcia, esta reducción provocará una importante afectación tanto en los servicios como en el número de trabajadores que se verán afectados laboralmente --215 trabajadores de la no urgente y 270 de la urgente--.
El sindicato ha observado que la situación es "especialmente grave" si se tiene en cuenta que Salud reducirá a la mitad los dispositivos de urgencias ubicados en los centros de atención primaria (CAP).
Precisamente este jueves, el sector del transporte sanitario concertado ha convocado cuatro días de huelga entre el 19 y el 22 de julio en protesta por lo que entienden que podría derivar en un incumplimiento del convenio colectivo por parte de la patronal Acea, y tras una asamblea de delegados y afiliados celebrada por los sindicatos UGT, Conc y Usoc.
En el convenio, firmado en 2010 y vigente hasta junio de 2011, los trabajadores habían renunciado a un aumento del IPC durante el primer y el segundo año de aplicación, además de aceptar un descenso del sueldo del 2,5% con la garantía de que éste finalizaría a partir de este mes.
La medida, que se tomó frente al descenso generalizado del 5% aplicado a todos los funcionarios y decretado por el Govern
el año pasado, se adoptó por el "sacrificio" que los sindicatos aceptaron hacer, han señalado en un comunicado.
