BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Hospital Sant Pau de Barcelona mantiene su intención de reducir costes y está trabajando en un plan alternativo al ERE temporal que entró en vigor a finales de noviembre y que fue paralizado por la Conselleria de Empresa y Empleo el 9 de febrero por silencio administrativo.
Así lo ha explicado este domingo a Europa Press el gerente del hospital, Jordi Varela, quien ha señalado que la dirección del centro y la citada conselleria estudian la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2012 para redactar un "plan alternativo".
Ello no implica que el antiguo ERE, que apenas se aplicó durante dos meses, pueda volver a entrar en vigor si la Conselleria de Empresa y Empleo se pronuncia a favor del hospital ante el recurso presentado por el sindicato Metges de Catalunya (MC), que denunció un "presunto delito de prevaricación" en la autorización del expediente.
La central sindical alegaba que no se habían dado las causas económicas legalmente exigibles para sacar adelante esta decisión de la dirección.
El ERE planteaba una suspensión del trabajo durante dos semanas de 1.397 empleados, lo que significa la mitad de la plantilla, hasta el 31 de diciembre de 2012, y de hecho antes de la paralización del mismo el centro había hecho pública su intención de ampliar el expediente por más de 200 empleados más.
El presupuesto de la Generalitat asigna este año unas cuentas de 309,5 millones de euros al hospital, considerado el más antiguo de Barcelona, y que con el expediente pretendía reducir en 15 meses 10 de los 26 millones de recortes que el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) impuso al centro el año pasado.
El hospital, que se sumó de esta forma a la lista de centros concertados que presentaron expediente, ciñó la paralización del ERE anterior a una "situación temporal" hasta un pronunciamiento de la Conselleria de Empresa y Empleo.
No obstante, y mientras la Conselleria no mueve ficha, el centro se ha afanado a trazar un plan alternativo para que en el caso de que la Generalitat acepte que no existen motivos económicos para aplicar el expediente, el centro pueda inmediatamente presentar otra propuesta.
Los sindicatos han acusado a la dirección de esconder información y no acreditar un cambio en la demanda del servicio, ni de que las pérdidas económicas afecten a la viabilidad de la empresa.
