SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El director del Servicio Canario de la Salud, Guillermo Martinón (PP), ha presentado este viernes su "cese a petición propia", según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, quien ha añadido que el Consejo de gobierno ha admitido dicha solicitud.
Marrero señaló en rueda de prensa en Santa Cruz de Tenerife además de que su sustituta en al frente del SCS será Juana María Reyes Melián, que ocupaba la Dirección general de Programas Asistenciales de la Consejería de Sanidad. Así a Reyes Melián la relevará Hilda Sánchez.
Esta decisión llega después de que la exconsejera de Sanidad, Mercedes Roldós (PP), y el consejero actual Fernando Bañolas (CC) hayan protagonizado un cruce de declaraciones en el pasado Pleno del Parlamento de Canarias a cuentas de las resoluciones por las que el SCS gastó más de 600.000 euros en concepto de complementos de productividad a personal funcionario y laboral de este Departamento. Bañolas aseguró que la firma la habían realizado las personas "colocadas" por la popular.
Marrero ha indicado que el Gobierno "no busca" entrar en polémicas, ni atribuir "irregularidades" a la anterior consejera. Así enmarcó el cruce de palabras en "el calor del debate parlamentario". Además dijo el portavoz que no se ha hablado de un procedimiento "irregular", y que por lo tanto no se está investigando.
De igual forma, Marrero quiso dejar claro que aunque se haya hablado de 600.000 euros la cifra real de los complementos de productividad asciende a 400.900 euros. "El consejero dijo que si él hubiera hecho la distribución, la hubiera realizado de otra manera, pero no ha sido irregular", ha resumido.
SERVICIO DE HEMODIÁLISIS
El portavoz también ha señalado que en el Consejo de Gobierno no se ha abordado la polémica a raíz de la contratación del Servicio de Hemodiálisis en los hospitales Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria y José Molina Orosa de Lanzarote. Aquí matizó que no va a entrar a valorar la cuestión judicial. "El Gobierno prefiere que los jueces hagan su trabajo y que sean ellos los que determinen si hay alguna irregularidad. Hay que dejar trabajar a la Justicia", insistió.
En esta línea, señaló que en la tramitación de dicho expediente administrativo "no hay novedad". Apuntó que se sigue revisando y que se analizan las ofertas.
