PAMPLONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno foral a "realizar los estudios o encuestas oportunas para, en el plazo de tres meses, obtener los datos relativos al número de recetas que han quedado sin retirar desde la implantación del Real Decreto 16/2012, de 20 de abril", de copago farmacéutico.
Asimismo, la moción pide conocer "los datos relativos a la proporción de usuarios que ha dejado de retirar esas recetas, señalando también el porcentaje concreto de pensionistas y personas con rentas más bajas".
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, la Cámara rechaza "la actitud mantenida por el Gobierno de Navarra en relación con la Ley Foral 18/2012 sobre complementación de prestaciones farmacéuticas, pues, pese a ser aprobada el 11 de octubre de 2012, no ha sido aplicada ni puesta en vigor".
En ese sentido, se le insta a "defender con todos los medios de los que dispone la norma aprobada en este Parlamento". Este apartado ha deparado los votos en contra de UPN y PPN, con lo que el respaldo del PSN, Bildu, Aralar-NaBai, I-E y los no adscritos ha sido insuficiente.
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por los grupos parlamentarios Bildu y Aralar-NaBai señala que "dada la inaplicación de la Ley Foral 18/2012 sobre la complementación de prestaciones farmacéuticas, contra la que el Estado interpuso recurso de inconstitucionalidad en febrero de este año (cuatro meses después de su aprobación), en Navarra continúa rigiendo el copago farmacólogo implantado en julio de 2012 a partir del Real Decreto 16/2012".
Los grupos proponentes entienden que "transcurrido casi un año, es momento de aclarar si con la desfinanciación de diversos medicamentos y la introducción del copago se ha reducido el gasto o se ha trasladado a los bolsillos de los ciudadanos y, en especial, de los pensionistas".
A ese respecto, advierten de los resultados de una encuesta realizada por la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública en centros de salud de Madrid, de la que, según indican, "se derivan datos tan preocupantes como que el 16,8 por ciento de los pensionistas ha dejado de retirar sus recetas".
De constatarse esta tendencia, continua la iniciativa, "quedaría patente el efecto disuasorio del Real Decreto, cuyo objetivo, fundamentalmente recaudatorio, perjudica a los más pobres".
