MADRID, 20 Dic. (EDIZIONES) -
Realmente el tráfico de órganos en nuestro entorno no es frecuente, pero sí lo es por desgracia para los países en vías de desarrollo. En España contamos con 2 casos detectados y que ya han sido penalizados. El riñón es el órgano con el que más se trafica. Una práctica que hoy en día se considera como "una forma más de esclavitud en este siglo XXI".
Así nos lo detalla en una entrevista con Europa Press Infosalus Beatriz Domínguez-Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Cuenta que en la década de los 90 empieza a ser factible el trasplante entre personas que no tienen ningún tipo de relación genética, porque ya se cuenta con fármacos inmunosupresores potentes, y se empiezan a describir casos en los que personas enfermas de países ricos, temporalmente desaparecen de sus unidades de diálisis, para después regresar trasplantados desde países en vías de desarrollo, y en unas condiciones que ya los profesionales que les atienden ven que son de dudosa moralidad.
"Aquel fenómeno empieza a ser algo esporádico, y en este siglo se ha convertido en una forma de esclavitud con una dimensión global. No conocemos con precisión el volumen de casos, aunque se estima que en un 5-10% de los trasplantes que se realizan en el mundo resultan de algún tipo de comercialización transnacional, y tienen lugar dentro del contexto del tráfico de órganos, y particularmente en esta forma de viaje para trasplante no ético, llamado también 'turismo de trasplante'", manifiesta.
El tráfico de órganos, además, según prosigue, representa una actividad con unas consideraciones muy particularidades porque necesita de la participación de profesional sanitario para hacerse factible esta práctica, de manera que estos pueden ser cómplices de este tipo de delito. "En el tráfico de órganos el profesional sanitario es imprescindible para el procedimiento de obtención del órgano, y para la realización del trasplante".
Por otro lado, la directora de la ONT indica que se trata de un negocio "extraordinariamente lucrativo" y por el que se pagan entre 100.000 y 200.000 dólares; mientras que en el caso del donante "al que nunca se le debería llamar donante porque es una víctima en realidad" recibe "en el mejor de los casos" entre un 5-10% de esta cantidad.
DOS CASOS EN ESPAÑA
No obstante, Domínguez-Gil explica que, normalmente, cuando una situación de estas características se intenta emprender en un país con un programa muy robusto de trasplante, como el español, el sistema lo detecta y este delito no se llega a consumar, no se produce. De hecho, indica que los pocos casos que hemos tenido en España, que son 2, ya tienen su correspondiente pena, y han sido intentos frustrados de tráfico de órganos porque el sistema los ha detectado.
Pero cuando hablamos de un delito más sofisticado, más organizado, y que tiene lugar en países en vías de desarrollo, este se puede producir bien porque el país no cuenta con una legislación 'ad hoc', o escasamente implementada, bien porque son sistemas con cierto nivel de corrupción, o simplemente porque se trata de países en los que es prioritario perseguir otro tipo de delitos.
"La forma general es la de un paciente de minoría o país rico, sin un buen acceso en su país de origen al trasplante, y que se desplaza a estos países en vías de desarrollo o de bajos ingresos, donde se lleva a cabo la captación del donante, habitualmente perteneciente a sectores más vulnerables de población, y fuente de órganos para personas que pueden cubrir económicamente este procedimiento", detalla la directora de la ONT.
PRINCIPALES ACTORES
Puede tener un engranaje de lo más complejo, con 'brokers' internacionales, intermediarios internacionales, 'reforzadores de la decisión' tomada por el donante, y luego las estructuras hospitalarias, el profesional sanitario necesario para llevar a cabo esta actividad: "Son muy diversos, por un lado, están los propios pacientes, personas en situación de vulnerabilidad y con una enorme necesidad para resolver un problema de salud que no se resuelve en su país de origen".
Después, se encontraría la vulnerabilidad socioeconómica del donante, personas de mediana edad que viven con un alto nivel de analfabetismo, y que tratan de resolver esa situación a través de esa venta de un órgano que no sólo no resuelve su problema económico y social, sino que puede terminar deteriorando su estado de su salud, e incluso le puede impedir realizar su actividad laboral, más si no tiene seguimiento después de extracción del órgano.
"Son personas también estigmatizadas en su sociedad, incluso en estas zonas afectadas. En Nepal hay por ejemplo un valle, que se llama 'valle del riñón' o 'kidney valley' en inglés", recuerda.
LA RESPONSABILIDAD DEL PRIMER MUNDO
Con ello, la directora de la ONT advierte de la "gran responsabilidad" que en este sentido tienen los países del primer mundo a la hora de frenar esta actividad, señalando que deben ser capaces de cubrir las necesidades de trasplante de sus propios pacientes. "Es la mejor vacuna que tenemos en España, un sistema sólido que responde a sus pacientes", afirma.
Pero, por otro lado, cree que los países del primer mundo también tienen la responsabilidad cuando regresa un paciente trasplantado en estas circunstancias de no blanquear esta actividad. "Son personas que regresaban de Afganistán, de Pakistán, de la India, en estas condiciones, y sólo se les hacia el correspondiente seguimiento médico, pero sin cuestionarse cuál había sido la fuente del órgano y qué había ocurrido con el donante estuviera donde estuviera", remarca la doctora Beatriz Domínguez-Gil.
¿QUÉ POSIBLES SOLUCIONES HAY?
Así, esta experta mantiene que entre las posibles soluciones a esta problemática se encontrarían los sistemas de notificación y de reporte por parte de los profesionales sanitarios, dado que son los profesionales que se ponen en contacto con las potenciales víctimas o con los receptores que se han trasplantado en estas circunstancias.
Por otra parte, dice que disponemos de marcos legislativos, de tratados internacionales de relevancia, como el convenio del Consejo de Europa sobre el tráfico de órganos humanos, el 'Convenio de Santiago de Compostela' de 2015; el protocolo de Palermo de Naciones Unidas, así como la correspondiente directiva de la UE, o del Consejo de Europa sobre la trata, aparte de que está reflejado en las legislaciones de los diferentes países; entre otras muchas normativas sobre el tráfico de órganos.
A su vez, mantiene que por parte de los profesionales sanitarios es súper importante la labor de formación y de educación para saber cómo actuar cuando se encuentran en diferentes escenarios relacionados con el tráfico de órganos.
"España ha liderado todo tipo de iniciativas internacionales para la lucha contra el tráfico de órganos humanos. Desde la ONT se ha liderado una resolución de Naciones Unidas que lidera España, de 2018, y que se actualiza cada dos años, y que a finales de 2024 toca nueva renovación, que apenas modificará la actual, entre otras iniciativas", recuerda esta especialista.
Según datos del Global Observatory on Donation and Transplantation, que gestiona la ONT como centro colaborador y que nos facilita la ONT a Europa Press Infosalus, en 2023 se realizaron 172.393 trasplantes de todo tipo de órganos, siendo el riñón el órgano que más se trasplanta en el mundo, con 111.134 casos.
