MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
Autismo España ha presentado este miércoles su Unidad de Defensa de Derechos y Buenas Prácticas, que nace con un triple objetivo: prevenir las prácticas sin evidencia científica en el abordaje del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), sensibilizar sobre las buenas prácticas y actuar ante casos de vulneración de derechos de los pacientes.
Así, esta Unidad estudiará la normativa vigente relacionada con los derechos de las personas con TEA, se elaborarán propuestas de mejora de las mismas y se detectarán buenas y malas prácticas en el abordaje del TEA, difundiendo aquellos modelos basados en la evidencia científica y alertando de las graves consecuencias de los que no cuentan con el consenso profesional ni tienen en cuenta los intereses de las personas con TEA.
La Unidad de Defensa de Derechos y Buenas Prácticas de Autismo España también se encargará de identificar posibles casos de vulneración de derechos de las personas con TEA, así como de actuar en aquellos que fuera necesario. Además, prestará apoyo y asesoramiento a las familias y entidades que así lo soliciten y fomentará el establecimiento de alianzas con los distintos organismos implicados en la atención a las personas con TEA.
Con el objetivo de establecer esas vías de colaboración, el acto de presentación de la iniciativa ha concluido con un encuentro de trabajo en el que han participado representantes de la Administración Pública y del Tercer Sector, así como profesionales de la comunicación. Como ha explicado el director general de la Confederación Autismo España, Jesús García Lorente, es fundamental "tender puentes a la colaboración entre los diversos agentes que, de una forma u otra, están en contacto con las personas con TEA y sus familias para avanzar en la defensa de sus derechos y mejorar la calidad de vida de nuestro colectivo".
En este sentido, García Lorente ha insistido en que las buenas prácticas son un derecho para las personas con TEA y que es preciso no solo "erradicar y combatir las pseudoterapias y las prácticas no basadas en la evidencia científica", sino también "garantizar los apoyos y los recursos necesarios que permitan un abordaje integral y específico de las necesidades del colectivo, en ámbitos como la educación, el empleo, el envejecimiento activo o la sanidad".
