La Unió defiende que se potencie "siempre que sea transparente y no perjudique a la pública"
BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
La actividad privada en los centros del Sistema sanitario integral de utilización pública de Catalunya (Siscat) se ha incrementado un 10% en los últimos tres años debido a la crisis, hasta representar una décima parte de la facturación total de media.
Lo ha explicado a Europa Press la directora general de La Unió, Helena Ris, a luz de un estudio interno basado en información recabada de los más de un centenar de asociados de la patronal y de la central de balances.
"Llevar a cabo actividad privada es una forma más de tratar de sortear la caída de ingresos", ha destacado, y ha descrito algunas condiciones: que nunca se ponga en peligro la actividad pública concertada por el CatSalut, que no haya derivaciones ilícitas de pacientes y que se apliquen los precios del mercado.
Ha explicado que se trata de una forma de que el sector pueda mantenerse en años de recortes, y ha apostado por potenciar la actividad privada "siempre que sea transparente y no perjudique a la pública".
En este sentido, ha defendido el modelo del Barnaclínic, división de atención privada del Hospital Clínic de Barcelona, de titularidad pública, aunque ha manifestado la necesidad de regular la conjunción de ambas actividades en un mismo centro.
De hecho, ha instado a "regular en base a unos principios éticos y de competencia leal con el sector" la actividad privada en los centros concertados, algo en lo que ya trabaja el CatSalut a través de una instrucción.
JORNADA ASOCIATIVA
Un grupo de asociados de La Unió ha elaborado un documento se posicionamiento a favor de la actividad privada en los centros públicos para "contribuir a la sostenibilidad de los centros y del conjunto del sistema", así como para aliviar la presión asistencial de los recursos públicos.
También han alegado que potenciar la actividad privada permite una gestión más eficiente de los recursos y la fidelización de los profesionales, así como defender el "derecho de los ciudadanos a disponer en el territorio de libre opción privada".
Ris ha destacado que la actividad privada en centros públicos y concertadas "no es nada nuevo", y ha puesto como ejemplo la atención de accidentes escolares y de tráfico, así como las intervenciones que no están incluidas en la cartera de servicios, como la rehabilitación y la odontología.
"La más difícil de diferenciar y la que se debe regular muy bien es la que sí que está incluida en la cartera de servicios", aunque ha destacado que esta opción es tiene poco peso en la facturación global de los centros.
