OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Servicio de Salud del Principado de Asturias, Sespa, se ha vuelto a referir este domingo al pacto por la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Asturias presentado por el Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa), y ha querido dejar claro que la exclusividad es un asunto innegociable.
"El Gobierno no tiene previsto establecer negociación alguna al respecto, y menos aún al ser una cuestión que está pendiente de un recurso ante los tribunales", destaca el Sespa.
En este sentido la Administración lamenta que pese a los días de huelga transcurridos y a la difícil situación que vive la sanidad en todo el país, no han detectado ningún avance en lo que se refiere a las reivindicaciones básicas del Simpa, y sí un importante retroceso como supone el hecho de abordar en este momento la cuestión de la exclusividad de los médicos.
"Facilitar la compatibilidad profesional entre la sanidad pública y la privada resulta absolutamente inaceptable e incoherente con la misión y valores del Servicio de Salud, con independencia del coste salarial que ello suponga. Las empresas más vinculadas al conocimiento así lo aplican con sus empleados de alta cualificación. No hacerlo así sería permitir una competencia desleal que el Servicio de Salud no está dispuesto a asumir", afirma el Sespa.
Desde el Gobierno se destaca además que todas las medidas de gestión que incluye la propuesta del Simpa ya están en marcha y sobre las mismas no cabe más que decir que el Servicio de Salud espera la leal colaboración profesional desde ya,
En aras de esta nueva pretendida voluntad negociadora que manifiesta, el Sespa demanda al Simpa que desconvoque, como se le solicita desde diferentes ámbitos sociales, los nuevos paros previstos. También le propone retomar el diálogo profesional en un marco claro, ceñido a la ampliación de la jornada laboral de los trabajadores, y siguiendo las pautas metodológicas que ha habían sido pactadas.
Además, el Sespa entiende que el documento presentado por el sindicato pretende condicionar el ejercicio legítimo de la acción de gobierno y del propio Parlamento Regional al exigir modificaciones en las normas legislativas impulsadas por las instituciones que tienen esa competencia.
Finalmente, la Administración del Principado mantiene su posición de retomar las negociaciones en un nuevo marco menos tensionado.
