Organizaciones de derechos humanos y asociaciones profesionales creen que la situación se resolverá de forma "parcial pero digna"
OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno del Principado de Asturias garantizará la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares por "razones de humanidad" para evitar que caigan en una "vulnerabilidad inaceptable" desde el punto de vista de la vida humana, según ha anunciado este miércoles el consejero de Sanidad, Faustino Blanco.
Asimismo, en rueda de prensa ha remarcado que la resolución que contempla esta decisión es "respetuosa" con el Real Decreto de Medidas Urgentes sobre la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
Tras reunirse con representantes de organizaciones de solidaridad y derechos humanos y asociaciones científicas y profesionales de atención a la salud, el consejero ha indicado que se está buscando de forma conjunta una solución "satisfactoria" para evitar la "inseguridad" de este colectivo y de los profesionales sanitarios.
De este modo, Blanco ha dado instrucciones al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) para que facilite la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular, que no alcanzan las 4.000 personas en Asturias.
Desde las organizaciones han reiterado su exigencia de que se derogue el Real Decreto que priva a este colectivo del derecho a tarjeta sanitaria y prescripción farmacéutica. No obstante, consideran que la resolución de la Consejería resolverá la situación de forma "parcial pero digna" garantizando el acceso, además de a los servicios de urgencias, a la asistencia en Atención Primaria y Especializada.
Para informar de las novedades se preparan asambleas en los barrios ovetenses de La Tenderina (18 de junio), Pumarín (25 de junio), Ventanielles (28 de junio) y La Corredoria, aun sin fecha.
El consejero de Sanidad entiende que la resolución es "sensata, razonable y respetuosa con la norma" y apunta que no da derechos sino que garantiza la atención a las personas, al amparo del artículo 43 de la Constitución Española y de las leyes generales de Sanidad y Salud Pública.