SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Plan de Prevención y Atención de Agresiones para Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía ha registrado en 2012 un total de 925 agresiones a profesionales que trabajan en el ámbito sanitario, de las que 711 fueron verbales y 214 físicas, lo que supone un 16 por ciento menos que las registradas en 2011.
En concreto, en 2011 se registraron 1.076 agresiones (831 no físicas y 245 físicas), por lo que, respecto a ese año, en 2012 se ha producido 151 agresiones menos, de ellas 31 físicas menos.
Según los datos facilitados a Europa Press por la Consejería de Salud, el 70 por ciento de estas 925 agresiones registradas en 2012 las sufrió el personal sanitario propiamente dicho, siendo Sevilla, con 245 agresiones, la provincia con más episodios violentos del tipo. Le siguen Málaga, con 205 agresiones, Córdoba (110), Cádiz (97), Huelva (96), Jaén (69) y Granada (68).
Este plan andaluz de prevención contra las agresiones se puso en marcha en abril de 2005 con el objetivo de dotar a los profesionales de la sanidad de las medidas de seguridad y la formación necesarias para minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir en sus centros de trabajo.
De hecho, desde el 2005 el SAS ha destinado más de 140 millones de euros a medidas de seguridad. En concreto, ha adquirido 2.091 timbres antipánicos, 1.446 interfonos, 1.559 teléfono directo seguridad, 555 salidas alternativas, 1.191 videocámaras, 423 vigilantes de seguridad, 24 botón antipánico ambulancias y otras medidas como mamparas, detectores, etcétera.
La prevención de situaciones de conflictividad que puedan derivar en agresión es uno de los ejes fundamentales del plan, de ahí que este plan también forma a los profesionales en el manejo de situaciones de riesgo y la introducción. Así, el plan establece un protocolo de actuación en el que se recomienda a los profesionales qué hacer ante una agresión física o verbal.
SENTENCIAS CONDENATORIAS
La primera medida que se aconseja a los profesionales es solicitar ayuda a una tercera persona (personal de seguridad o un compañero) para manejar la situación y, al mismo tiempo, para que pueda ser testigo de los hechos. Si la situación persiste, se recomienda avisar a los Cuerpos de Seguridad para que se personen en el centro y notificar el hecho al responsable del centro sanitario. En el marco del plan, el trabajador afectado cuenta también desde el primer momento con apoyo psicológico y asesoramiento jurídico.
De hecho, los servicios jurídicos del SAS consiguieron entre enero y septiembre de 2012 un total de 194 sentencias condenatorias por agresiones sufridas por los profesionales, según la información facilitada a Europa Press, en la que se refleja que 16 de estas condenas son por delito de atentado y el resto se dividen entre delito de amenazas, falta de lesiones, etcétera. La pena máxima de cárcel impuesta ha sido de dos años. En total, los servicios jurídicos han realizado 151 asistencias letradas.
