SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha criticado este jueves que el Sindicato Médico no se manifieste contra el Gobierno de la Nación, que es quien ha aprobado una ampliación de horarios para el personal sanitario, y sí contra la Junta de Andalucía, que es quien ha tenido que "aplicar" dicha medida.
En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, Montero se ha pronunciado así, después de que el presidente de la rama de atención especializada del Sindicato Médico de Sevilla, Juan Pedro Jiménez Tamplin, haya anunciado a Europa Press que el sindicato a nivel andaluz elevará a consulta, "a partir de la próxima semana", una propuesta de huelga indefinida en los hospitales públicos y distritos sanitarios andaluces.
Dicha huelga se convocaría si la Administración sanitaria "no da marcha atrás en su pretensión de implantar a su discrecionalidad la ampliación de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales", la cual daría comienzo a finales de octubre, ya que antes, el 23 de octubre, ya hay fijado un paro de 24 horas.
Montero ha indicado que el Gobierno andaluz ha evitado por todos los medios que esta decisión, adoptada por el Gobierno de la Nación, suponga despidos para los trabajadores del sector público y una merma en la calidad asistencial. Para ello, según ha explicado, la ampliación de jornada laboral a 37,5 horas se ha traducido en una bajada salarial a los trabajadores, dado que la jornada extraordinaria ha pasado a ser ordinaria, con la reducción salarial que ello supone.
"Éste es el motivo de la queja del Sindicato Médico", ha destacado la consejera del ramo, quien ha asegurado que le consta el malestar de profesionales sanitarios, motivado por una norma del Gobierno de España. "Pero es paradójico que el Sindicato Médico no se manifiesta ante el Gobierno de España cuando se aprueba esta iniciativa y sí protesta ante la Junta cuando se aplica", ha apostillado.
En esta línea, se ha mostrado convencida de que los profesionales sanitarios son conscientes de las dificultades económicas que estamos viviendo en estos momentos y que ha llevado "a que personas con enfermedades crónicas, como una insuficiencia renal, vayan a tener que pagar por el transporte sanitario o a que los pensionistas también tengan que abonar sus medicinas".
