SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha afirmado este pasado domingo que aplicar en la comunidad andaluza la hoja de ruta seguida en materia sanitaria por la presidenta de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal, supondría despedir a unos 15.000 profesionales sanitarios, cerrar más de 300 centros de Atención Primaria y contar con 3.000 camas hospitalarias menos.
Así lo ha expuesto a los medios de comunicación tras visitar, junto con la consejera de Salud, María Jesús Montero, los nuevos equipos del Área de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario de Valme de Sevilla, donde ha insistido en que esta hoja de ruta de las comunidades gobernadas por el PP implican una "reducción notable" de los servicios públicos.
En este sentido, ha recalcado que la Junta "no va a recortar derechos" como la sanidad o la educación, entre otras cosas, porque, "una vez más, mientras que el resto de comunidades aumentaron su déficit en los años de crecimiento económico en la pasada legislatura, Andalucía obtuvo un superávit superior a los 3.000 millones de euros", lo cual, ha posibilitado mantener la estabilidad presupuestaria y "ahorrar" para estos tiempo de crisis económica, algo que, en su opinión, "no hicieron otras autonomías y, mucho menos, las del PP".
Griñán ha reiterado que "ser eficientes y austeros no significa recortar derechos" y como ejemplo ha destacado las medidas llevadas a cabo en materia sanitaria para "un uso más que eficaz de los recursos". Entre ellas, ha citado las relacionadas con la descentralización de la gestión, con el uso racional de los medicamentos, con la prescripción por principio activo y con el desarrollo de planes de estabilidad de la farmacia y de inversión en I+d+i.
"En Andalucía buscamos el necesario ahorro para reducir el déficit público en las bolsas de ineficiencia que, es verdad, todavía pueden existir, pero lo que no vamos a hacer ni antes ni después, ni con superávit ni con déficit, es recortar derechos", ha insistido.
Sobre todo, según ha argumentado, porque "fue la firma de un presidente del Gobierno socialista con la que universalizamos la sanidad, la educación y las pensiones y con la que aprobamos la Ley de la Dependencia, por lo tanto, no vamos a recortar derechos que nosotros hemos puesto en funcionamiento".
