Andalucía atribuye anuncio de Gallardón sobre el aborto a un guiño al ala conservadora y a "cortina de humo" por crisis

Actualizado: lunes, 23 julio 2012 11:56

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha atribuido el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en una entrevista que publica el diario La Razón, a su "intento de ganar puntos en el ala conservadora de su partido", además de a una "necesidad de poner una cortina de humo en la grave situación económica que está atravesando el país".

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Montero ha enjuiciado el "titular" de Gallardón en la "necesidad" que tendría este ministro, siempre según Montero, de hacer un guiño al ala conservadora de su partido, "ahora que está comprobando que Rajoy se tambalea y que él (Gallardón) no tiene demasiados adeptos dentro de su partido".

"Es un titular muy radical con los supuestos previos a la ley de plazos y que carece de cualquier rigor, análisis y soporte técnico y científico que pueda en estos momentos valorarse como algo positivo o al menos que no nos retrotraiga incluso a antes de que en España se permitiera las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE)", ha argumentado.

Preguntada hasta que punto puede Andalucía legislar o tener una normativa diferente a la estatal, en el caso de que dicho anuncio gubernamental se convierta e una realidad, la titular autonómica de Salud ha admitido que "el margen" de la Junta en este tipo de leyes "es muy estrecho", ya que, "son leyes básicas e incluso afectan al código penal".

Por ello, ha pedido un "debate serio y sereno" para "intentar trasladar desde las asociaciones de mujeres y otros colectivos que han hecho a España uno de los países mas progresistas en derechos de las mujeres".

"ALEJARNOS DE EUROPA"

Frente a ello, ha denunciado que desde el PP "intentan alejarnos a años luz de los países de nuestro entorno, en donde nunca se ha discutido que la malformación del feto fuera un elemento que no se contemplara en una ley de IVE". En todos los países, ha asegurado, se contempla estos supuestos, "incluso en los más conservadores".

Por tanto, "no puedo más que atribuir este tipo de titular a un intento de poner una cortina de humo en la grave situación económica que está atravesando el país y también al intento particular del señor Gallardón de ganar puntos en ese ala conservadora".

SUBASTA DE MEDICAMENTOS

Respecto a que el Gobierno confía frenar la segunda vez la subida de los fármacos, Montero ha vuelto a recalcar, tal y como ya anunciara en declaraciones a Europa Press el pasado jueves 19 de julio, que el levantamiento de esta suspensión cautelar ha sido contra la resolución de Gerencia del SAS que daba luz verde a la primera convocatoria de concurso público de moléculas, no así contra el conjunto del decreto-ley de 13 de diciembre de 2011, que precisamente el Consejo de Ministros acordó el pasado viernes 13 de julio interponer también recurso de inconstitucional.

En cualquier caso, la titular de Salud ha vuelto a mostrar convencida, como ya expresara a Europa Press, de que el dictamen del Constitucional sobre el decreto-ley en su conjunto tendrá un final parecido. "Si el Gobierno solicita la suspensión cautelar del decreto-ley, cosa que no estaría muy justificada en este momento tras el levantamiento ahora de la suspensión de la resolución, entiendo que la razones que el TC ha argumentado para proceder a levantar la suspensión en el primer caso, serán muy similares a las del decreto-ley", decía en aquel momento.

También recordaba que desde la Junta "siempre hemos defendido para el levantamiento de la suspensión, que no entra en el fondo de la cuestión, que se producía una lesión de la previsión de ahorro económico en el gasto farmacéutico, que además habíamos llevado incorporado en el Plan de Reequilibrio de la Junta", con el que, además, trataban de ajustarse al objetivo de déficit público marcado por el Gobierno central.

Sea como fuere, Montero ha opinado que este tipo de recursos del Gobierno central "hacen perder el tiempo a un tribunal que tiene que dedicar gran parte de su energía a resolver conflictos muy graves".