Asegura que la Seguridad Social "es consciente" de esta situación y pide una modificación de la Ley General de Sanidad
MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, justificó hoy la Orden aprobada por el Consejo de Gobierno de dicha región sobre el derecho a la asistencia sanitaria pública y gratuita en que "podría darse la situación" de que a las personas que no tuvieran tarjeta sanitaria se les facturasen los servicios hospitalarios.
En una nueva rueda de prensa para explicar esta Orden que se centra en las personas que causen baja en los regímenes de la Seguridad Social por cese en la actividad laboral, Güemes rectificó las palabras del vicepresidente del Gobierno, Ignacio González, que esta mañana dijo que con la legislación existente a esas personas se las "atendía pero tenían que pagarlo".
"Lo que ha dicho el vicepresidente es que si hay alguien que no estuviese en los supuestos contemplados en la legislación y que constituyen el título habilitante para tener derecho a la sanidad pública, podría darse la situación de que se les facturase o se les girase una factura por los servicios prestados en los hospitales de toda España, no sólo de Madrid", dijo el consejero de Sanidad.
Asimismo, manifestó que la Seguridad Social "es bien consciente de esta incongruencia" y pidió al departamento que dirige Celestino Corbacho y al Gobierno central que, "en lugar de la reacción que han tenido", propongan "una modificación de la Ley general de Sanidad y la Ley de Seguridad Social en la que se desvincule la situación de alta o no con el derecho a la sanidad pública, porque ésta debe ser para todos, universal y gratuita y no vinculada a una situación laboral, u otras" como la minoría de edad, discapacidad, o falta de recursos. Según Güemes, debe estar "vinculada a la situación de residencia en España".
Esta norma autonómica, recalcó, tendrá "carácter retroactivo" y, desde su entrada en vigor, la Consejería "va a revisar de oficio todas las situaciones en los dos últimos años".
El consejero, que recordó que en las últimas semanas en Canarias ha habido una polémica sobre esta cuestión precisamente alentada por el cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, Juan Fernando López Aguilar, cifró en 25.902 las personas que causaron baja en la Seguridad Social y no fue por fallecimiento ni por tener otra tarjeta de otra comunidad. "Nadie quita la tarjeta sanitaria pero sí puede haber personas que podían tener que renovar y no estar en la base de datos de la Seguridad Social. Hay casos concretos. No lo puede negar la Seguridad Social", advirtió.
A su juicio, tras conocer la Orden la contestación de la Seguridad Social es "bastante confusa", pues ha hecho referencia a que los parados que han visto terminar su prestación "pueden apañar su situación acogiéndose a la tarjeta de otra persona en situación de alta", pero la realidad es que eso sólo es "posible si se convive y depende de esa persona", aclaró. Además, adujo que el cambio de empadronamiento, como ha dicho el Ministerio de Sanidad, "no se produce de oficio, sino que tiene su propia normativa" y parece "rara la invitación de cambio de empadronamiento si no hay cambio de domicilio".
SIN TARJETA AL RENOVAR
El consejero planteó que, aunque "en urgencias cualquier persona tiene derecho a asistencia", ésta "no empieza ni acaba en urgencias, pues hay asistencia primaria, actividad programada, cirugía, medicamentos...". "Cuando usted va a ser atendido a un centro de Atención Primaria o a pedir una receta y comprar un medicamento, necesita una tarjeta sanitaria. El problema es que si uno aparece en la lista de la Seguridad Social por no estar en situación de alta o en las otras condiciones, no tiene tarjeta o puede no tenerla", insistió.
"Hay casos concretos que no han podido renovar su tarjeta sanitaria. La sanidad en atención urgente no se niega a nadie y no urgente sólo es posible con el título necesario, que es la tarjeta", planteó el consejero, que dijo que dará "cumplida cuenta de todos casos que hayan podido ocurrir" aunque por el momento reconoció no poder revelar "datos concretos de pacientes concretos". "Pero conozco casos. Puedo invitar a alguno de ellos", añadió ante la insistencia de las preguntas de los periodistas.
Güemes reconoció que "hay pocas personas que se han enfrentado" a esta situación", puesto que no se retira a nadie la tarjeta sanitaria en el momento de la renovación, cuando tienen que acreditar que cumplen alguno de los preceptos --alta en la Seguridad Social, extranjero, discapacidad...--, sino cuando debe ser renovada, es decir, cada diez años.
Según explicó, este problema nace de que después de la Ley General de Sanidad y pese a las extensiones al derecho a la sanidad pública para extranjeros, discapacitados y rentas inferiores a 7.000 euros, "se quedan algunos huecos de desprotección" los cuales son "más evidentes en la actual situación de crisis económica" puesto que hay un número importante de familias donde se han quedado en paro los dos cabezas de familia o autónomos que han tenido que cerrar.
Así, señaló que "una persona que pierde la prestación por desempleo tras los dos años establecidos tiene 90 días para intentar acreditar el derecho a la tarjeta sanitaria acogiéndose a estos preceptos, pero cursa baja en la Seguridad Social y esa persona no es extranjera, ni discapacitada, ni tiene renta por debajo de los 7.000 euros puede quedar desprotegida desde el punto de vista de la asistencia sanitaria".
Güemes, que dijo que en los "últimos 20 años se ha ido configurando un sistema sanitario público casi universal", consideró que la medida que ha solicitado el Consejo de Gobierno se basa en que "sería una injusticia extraordinaria pedir a alguien que ha perdido su empleo que sufrague los gastos de asistencia sanitaria".
"Esto no es una discrepancia administrativa, es una incongruencia de nuestra legislación que deriva de cuando la sanidad pública era financiada a cargo de la Seguridad Social. Por eso, cuando empezaron a financiarla las comunidades autónomas, el derecho universal siguió vinculado a la situación de alta a la Seguridad Social y los demás supuestos", declaró.
