MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Sanidad de la Xunta de Galicia, Rocío Mosquera, ha obtenido este viernes el compromiso por parte de la nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, de estudiar la cuestión del catálogo priorizado de medicamentos gallego, que el anterior Gobierno recurrió ante el Tribunal Constitucional, "con la intención de retirar el recurso".
Así se lo ha trasladado Mosquera a los periodistas a la salida de una reunión con la ministra en la sede del Ministerio, a la que también ha asistido la consejera de Trabajo, Beatriz Mato. "Me ha prometido (la ministra) que va a estudiar el tema con la intención de retirar el recurso", ha declarado Mosquera, quien ha matizado que no se trata aún de un "compromiso firme" de retirarlo.
Además, la consejera de Sanidad ha asegurado que le consta que los expertos del Ministerio "ya lo están analizando para buscar la mejor solución para todas las partes". Según Mosquera, la ministra ha señalado a este respecto que "no es momento de confrontación con las comunidades autónomas sino de colaboración".
Asimismo, la ministra se ha mostrado dispuesta a contar con todas las comunidades autónomas, ha indicado Mosquera, para buscar la forma de mantener las prestaciones sanitarias "con la más alta calidad" haciendo sostenible el sistema "en un momento tan complicado".
En la misma línea, la responsable gallega ha subrayado que ha visto al Ministerio "muy abierto" a las iniciativas que se han venido planteando desde su comunidad, que espera "se van a tener mucho más en cuenta" ahora que su predecesora, Pilar Farjas, es la secretaria general. En cuanto a la Xunta, Mosquera ha trasladado su intención de trabajar con el Ministerio con "absoluta lealtad".
DEPENDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES
Por su parte, la consejera de Trabajo, Beatriz Mato, ha planteado a la ministra sus preocupaciones sobre la ley de dependencia y sobre los servicios sociales que prestan los ayuntamientos a través del llamado Plan Concertado. Así, ha reclamado una "línea directa" entre la comunidad autónoma y el Ministerio para revisar el sistema de dependencia gallego y que el Gobierno central aporte más recursos al Plan Concertado de Galicia.
Para esta consejera, la ley de dependencia "no ha cumplido sus expectativas en cuanto a cobertura de atención a los dependientes ni en cuanto a cobertura de financiación", por lo que es necesario hacer una evaluación "en serio" de la misma, y "se tiene que hacer contando con todas las comunidades autónomas". Atendiendo a esta petición, la ministra ha planteado, según la consejera, "unas comisiones de trabajo" con todas las comunidades autónomas de carácter técnico.
También con respecto a la ley de dependencia, la consejera ha señalado la necesidad de que se tengan en cuenta las circunstancias de cada una de las comunidades autónomas, y ha señalado que Galicia es la segunda región en índice de envejecimiento y que cuenta con un nivel de dispersión de los ayuntamientos muy elevado, lo que encarece la prestación de servicios.
Más en concreto, la consejera ha criticado que se destine una cifra fija por cada dependiente, y ha abogado por que el coste de la financiación se reparta al 50% en función del servicio que se presta.
En cuanto al Plan Concertado, ha recordado que en un primer momento contemplaba una colaboración tripartita entre los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Gobierno central, que se traducía en que cada administración era responsable de un tercio de la financiación. Sin embargo, esto ahora "se ha desvirtuado y la aportación del Gobierno central es muy baja", ha lamentado. Por eso, le ha pedido a la ministra que aumente ese presupuesto para Galicia, "dentro de sus posibilidades financieras".
