Ensalza la "transparencia pública amplia e incomparable" del sistema
BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, se ha comprometido este lunes a que, antes de que acabe este 2013, el consejo de presidentes de empresas públicas y consorcios sanitarios de Catalunya, adscrito al Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), "recibirá el encargo de consensuar los elementos comunes de un código ético de buenas prácticas" que sea compartido por toda la sanidad pública catalana.
Ante la comisión del Parlament que investiga la gestión sanitaria, y como cierre de las comparecencias que se han sucedido durante dos meses, Ruiz ha asegurado también que durante este año las empresas públicas y los consorcios --que reciben transferencias de dinero público por parte del CatSalut para la atención médica-- "harán efectiva su salida de cualquier participación en sociedades mercantiles ajenas a sus finalidades de servicio público y de sus consejos de administración".
El conseller ha asegurado que esta salida ya ha empezado a aprobarse en los órganos de gobierno de las diferentes empresas y consorcios, tras ser solicitado en 2012, y ha garantizado también que el CatSalut "atenderá a las recomendaciones" que aprueben los partidos en el seno de la comisión del Parlament.
Acompañado en su comparecencia por la plana mayor de la Conselleria, Ruiz ha aceptado la petición de hacer de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias (Aquas) un organismo independiente, alejado del control político, aunque ha advertido que ello dependerá de que los partidos sean capaces de "crear la fórmula perfecta y que no responda a ningún grupo de interés".
En todo caso, ha descartado la necesidad de refundar muchos elementos del sistema, al considerar que funciona bien, aunque sí ha juzgado necesario que una "segunda generación" de gestores sanitarios releve a la actual --entre la que se ha incluido--.
De hecho, Ruiz, a quien los grupos de la oposición le han reprochado que casi no haya hecho referencia a los procesos judiciales que se siguen por presuntas irregularidades, como el caso del Hospital Sant Pau de Barcelona y el del conglomerado público Innova, vinculado al Ayuntamiento de Reus (Tarragona), ha considerado que el sistema sanitario catalán goza de una "transparencia pública amplia e incomparable" respecto a la mayoría de países del entorno, incluidas el resto de comunidades autónomas.
El conseller, que ha recordado también la creación de una comisión con todos los actores sanitarios y partidos para intentar alcanzar el Pacto Nacional por la Salud este 2013, un gran acuerdo que permita acordar las bases irrenunciables del modelo catalán, ha reiterado su petición de dejar la sanidad al margen del debate político: "Lo principal ahora es no generar desconfianza interesada", ha dicho.
Ha insistido que el nivel de endeudamiento de la sanidad pública es lo que ha llevado a recortar, imprescindible para sostener el modelo, y que en todo caso se ha centrado en reducciones salariales de los profesionales, aumento de esperas, reducción de inversiones y de los gastos sanitarios, a la vez que ha administro que se ha alcanzado "el límite" y ya solo es posible ahorrar haciendo las cosas de forma más eficiente.
OTRAS COMPARECENCIAS
También este lunes ha comparecido el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), Miquel Vilardell, quien ha recomendado a los diputados realizar reformas legislativas para evitar conflictos de interés en la gestión de la sanidad y otros cambios para dotar al sistema de mayor transparencia.
Asimismo, en calidad de expertos, el miembro del Centro de Investigación en Economía de la Salud (Cres) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Jaume Puig, ha apostado por cambiar el método de contratación de servicios a los proveedores hacia una financiación capitativa en función de los resultados, en una comparecencia en la que ha asumido que el control actual es mejorable.
El presidente de la comisión técnica de la Central de Balances de la Conselleria de Salut de la Generalitat, Joan Casas, encargado de realizar informes económicos y financieros sobre los centros, ha destacado por su parte que el organismo tiene capacidad de mejora en la realización de análisis sobre el coste de los procesos asistenciales, aunque ha defendido que el sector tiene elementos de control que, pese a poder no ser suficientes en algún momento puntual, conforman un sistema "sólido".
Con las comparecencias de este lunes se da por cerrado el capítulo de intervenciones, y a partir del mes de septiembre será el turno de los grupos para intentar llegar a conclusiones y recomendaciones que posteriormente serán elevadas al pleno del Parlament para su votación.
