SANTANDER, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional calcula que en Cantabria hay unos 3.500 inmigrantes que se han quedado sin tarjeta sanitaria a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto 6/2012.
Según el responsable de asuntos sanitarios de AI, José Antonio Alonso, se trata de datos de la propia Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria, que cuando entró en vigor el Real Decreto valoró que éste podía afectar a unas 5.000 personas, que se quedarían sin tarjeta sanitaria.
Sin embargo, en los meses posteriores regularizaron su situación unas 1.500 personas, de forma que actualmente son 3.500 los inmigrantes en situación irregular que carecen de acceso sanitario gratuito.
Ante esta situación, AI mantuvo hace un mes una reunión con la consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, en la que el grupo planteó sus "inquietudes" y pidió el "compromiso" del Gobierno en este sentido.
"Ellos insisten en que se atiende a todo el mundo pero nosotros hemos demostrado a través de los acompañamientos que hay irregularidades", ha asegurado Alonso, que ha denunciado la "contradicción" del Gobierno.
En este sentido, ha señalado que "la culpa la mayoría de las veces no es de quien está en el mostrador" sino de que no hay "claridad" en las normas que emanan de la Consejería para aplicar el Real Decreto.
Lo que sí han constatado es que, cuando se acompaña a algún inmigrante irregular, "los problemas se resuelven y le atienden", pero cuando acuden solos "se van para casa con la amenaza de que les van a cobrar. Y hay gente que no tiene dónde caerse", ha lamentado.
Tras subrayar que esta normativa "incumple normas de los Derechos Humanos a nivel internacional", ha explicado que Amnistía pidió a la consejera que estudiara el caso de Galicia, que no aplica el Real Decreto, con lo que los inmigrantes irregulares acceden a la sanidad pública sin problemas.
Aunque, según el colectivo, Sáenz de Buruaga se "comprometió" a analizar lo que hace la comunidad gallega, teme que "la cosa se quede en nada" porque no ha vuelto a saber de su departamento. Tampoco en lo que se refiere a su petición de clarificar las normas de aplicación del decreto.
"¿Por qué en Galicia no hay este problema? ¿Cuál es la diferencia entre Cantabria y Galicia?", se ha preguntado para concluir.
