Cree que si el menor no fuese gitano "no estaría en un centro" y dice que el endocrino fue "testigo" del acuerdo con Rogelio Martínez
ORENSE, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El abuelo de niño obeso de Orense, Gregorio Montoya, culpó hoy al delegado territorial de la Xunta, Rogelio Martínez, de "mentir y engañarle", tras un "acuerdo" al que llegaron "con testigos" en el que, según sus palabras, la Administración le otorgaría el acogimiento de su nieto si le hacía entrega del menor.
Montoya compareció hoy en una rueda de prensa junto al abogado de la familia, José Manuel Rodríguez; el endocrino que trata al menor desde hace dos meses, Xesús Manuel Suárez, y su psicóloga, Clara Isabel Fernández.
Primero, el padre del niño, Luis Montoya, leyó un escueto comunicado en el que pidió "disculpas" por haber participado el viernes junto a su esposa, en un programa de televisión. En su intervención, afirmó que acudió "en contra de la opinión" de los que están asesorando a su familia, en especial a su abogado.
Posteriormente, fue el turno del abuelo del niño, quien intentó dar lectura a un comunicado que finalmente leyó su abogado, en el que afirmó que "desde el primer momento" y "en presencia de varias personas" se iniciaron "conversaciones" con la Consellería de Trabajo y Bienestar. En este sentido, manifestó que hubo "cuatro reuniones" en las que se trató "lo más conveniente" para su nieto sin que en "ninguna de ellas" se pidiera a su hijo entregase al menor.
Montoya afirmó que llegaron a un "acuerdo" el 16 de noviembre de 2009 "donde se convino con la consellería que no entraría en un centro de menores". Sin embargo, tres días después dijo que Trabajo confirmó "que no iba a cumplir su compromiso". Así, el abuelo sostuvo que fue la Xunta "quien incumplió".
También explicó que, tras varias conversaciones, accedieron a entregar al menor en un centro médico, el día 30 de noviembre por la tarde y que, al día siguiente, el delegado territorial de la Xunta fue a visitar al niño al hospital.
ACUERDO
El abuelo aseguró que en el hospital alcanzaron un "nuevo acuerdo" con el delegado "en presencia de varias personas" que consistía en que el menor "sólo estaría en el centro dos horas" y "siempre" a su lado, para después "ingresar en un centro médico" y posteriormente "acudir definitivamente" a su casa con "la obligación de ir sólo a un centro de día durante un corto espacio de tiempo".
En este sentido, Montoya dijo que le pidió al delegado que dicho acuerdo le fuese entregado "por escrito" pero que Martínez le contestó que "daba su palabra de honor". "Mi palabra va a misa, me dijo, y me levanté del sofá dándole la mano y sellando el convenio, Si su palabra va a misa la mía de gitano también va a misa, contesté", afirmó.
Así, el abuelo explicó que acudieron el 1 de diciembre al centro de menores durante dos horas, tras lo que el niño ingresó en el CHOU para la realización de pruebas médicas. A partir de entonces, afirmó que se manifestaron "con extrema prudencia" a pesar de que "el delegado aparecía llamándole niño gordo o diciendo que había estado ingresado en la UCI en 48 ocasiones". "Es un despropósito y lo denunciaremos ante el Ministerio Fiscal esperando que actúe en este caso con la misma celeridad que en otros", recalcó.
Asimismo, el abuelo señaló que el día en que dan de alta a su nieto para su "sorpresa" se lo quieren llevar a un centro de menores", por lo que exigió la presencia del delegado provincial. "Le dije a la cara que había incumplido su compromiso", aseveró.
EXPLICACIONES Y CESE DEL DELEGADO
El abuelo del menor manifestó que su familia pide a la conselleira de Trabajo y Bienestar, Beatriz Mato, "dé la cara" porque "si el delegado y los demás responsables de la Xunta acuerdan compromisos", debe "manifestarse quien tiene poder para hacerlo".
Los familiares del niño piden el "cese inmediato" del delegado territorial de la Xunta porque consideran que "si le queda un poco de dignidad política" no puede "seguir ni un minuto más en un cargo tan importante quien ha faltado a su palabra a su honor".
De este modo, exigen en el mismo documento que se ponga en contacto con el Ministerio Fiscal al que debe "relatarle personalmente todo lo ocurrido y pedirle que retire inmediatamente las acusaciones" sobre su hijo y esposa. El abuelo del niño pide además que Martínez "debe pedir perdón públicamente" a su familia "por faltar a su palabra de honor".
INTERVENCIÓN
Finalmente, Montoya comunicó que su familia decidió emprender varias "actuaciones" entre las cuales se encuentra la petición de que "intervenga" un "alto órgano oficial como árbitro cualificado" para "tratar de que se resuelva definitivamente el problema surgido".
Asimismo, pondrán lo ocurrido en conocimiento de "varias asociaciones gitanas" a las que le "solicitarán su apoyo y ayuda" dada la "discriminación con el mundo gitano" que advirtieron "en algunos estamentos" y "con el convencimiento de que el niño no estaría en el centro de protección si fuera payo".
TESTIMONIO
Por su parte, el endocrino que trata al niño desde hace dos meses, Xesús Manuel Suárez, quiso "certificar" que desde que conoció al niño hace dos meses "la evolución de sus hábitos alimentarios fue muy satisfactoria". "Su mejoría en este tiempo fue patente y no hay evidencia que justifique por su situación clínica una intervención extraordinaria de ningún tipo", afirmó.
Suárez manifestó que no existe criterio "médico alguno" que "justifique" el ingreso en un centro porque el niño en la actualidad cuenta con la "misma situación nutricional que el 20% de los menores de su edad" y "no parece razonable que ingresemos al 20% de la población infantil".
En este sentido, el médico aseguró que "de ninguna forma" se justifica la adopción de medidas extraordinarias "una vez superada de una situación grave que requirió su ingreso en UCI hace 5 años, y no ahora no hace dos años".
TESTIGO
El endocrino quiso "dar fe" de que altos responsables de la Xunta de Galicia "llegaron a sucesivos acuerdos" con la familia del menor que "garantizaban que el niño no ingresaría en un centro de menores".
En este sentido, afirmó que la familia "cumplió estrictamente con su parte en esos compromisos", que incluían "devolver al niño a la Xunta de Galicia" y añadió que si ahora la administración autonómica "incumple sus compromisos alguien que tenga poder deberá explicar porqué". Por ello, manifestó que se "atreve" a pedir a la Administración que "reconduzca la situación antes de que el daño para el niño sea irreversible".
El abogado de la familia también se refirió a las conversaciones que mantuvieron con la Xunta y que fueron un total de "cuatro". En las mismas, afirmó que en las mismas "había hasta 7 y 8 personas".
FINCA
Sobre las declaraciones del delegado territorial en la que afirmaba que el equipo de Menores había desautorizado que el abuelo contase con el acogimiento porque "no cumplía los requisitos" al vivir el padre del menor en la "misma finca que el abuelo", el abogado manifestó que esta situación "ya la conocía cuando se comprometió" y que incluso "se le planteó que el padre saliese del entorno".
El endocrino ratificó la versión del abogado y sostuvo que fue "testigo de ello" cuando la "familia se ofreció para cumplir ese requisito" y que en la última reunión "en ningún momento se les pidió que el padre saliese del entorno". "Los altos cargos de la Xunta dijeron que se podría solventar con un régimen de visitas reglado", aseveró.
Gregorio Montoya recalcó que en la Ley Gitana "es muy grave que alguien falta a su palabra" y también insistió en que su vivienda cuenta con "buenas condiciones" y rechazó que su nieto estuviera 48 veces en la UCI, sino "una vez sola", aunque el abogado de la familia aclaró que el padre del menor solicitará una historia médica "para conocer ese dato".
