Aborto.- Montero recalca que la ley mejora la prestación de las interrupciones voluntarias del embarazo

Actualizado: lunes, 31 mayo 2010 18:58

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, recalcó hoy que es necesario hacer operativa la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo ya que mejora las prestaciones de los abortos.

En declaraciones a los periodistas durante la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la responsable andaluza subrayó que la modificación de la ley aprobada este año "obliga a las Comunidades Autónomas y al sistema sanitario a mejorar la calidad, la confidencialidad y las garantías jurídicas para las mujeres" y, por lo tanto, "mejora la prestación" de la interrupción voluntaria del embarazo.

Con respecto al recurso que el PP presentará ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley, la consejera señaló que éste "seguirá su trámite" y pidió que se deje a los tribunales que se pronuncien sobre la materia.

Los 'populares' presentarán mañana ante el Constitucional su recurso contra la ley, en el que se solicita al Alto Tribunal que suspenda la entrada en vigor de los ocho preceptos recurridos hasta que el tribunal decida si la norma es o no constitucional. La suspensión se prolongaría desde la admisión a trámite hasta la sentencia, lo que podría implicar años.

El consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, aseguró hoy que el rechazo del PP a los proyectos de los reales decretos que desarrollan la ley del aborto recoge "la preocupación de las administraciones y los profesionales de la sanidad", quienes tienen que asumir "una responsabilidad muy grave" al decidir sobre el aborto de las menores con problemas familiares y, alertó, les sitúa en una posición de "inseguridad jurídica".

Asimismo, el PP considera que los reales decretos dan una responsabilidad a los profesionales sanitarios que "nada tiene que ver" con sus funciones y denunció que el Gobierno esté tomando este tipo de decisiones "sin contar" con la opinión de los responsables sanitarios.