SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, ha criticado la reforma anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo porque, a su juicio, lo que pretende el Gobierno central del PP es "llevarnos 30 años atrás" cuando "solamente quien tenga dinero para pagarlo se pueda ir fuera" a abortar.
En un artículo publicado en su blog personal, consultado por Europa Press, Navarro recuerda que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de 1985, también "de supuestos" como la anunciada ahora por Gallardón, fue recurrida al Tribunal Constitucional "por la derecha en aquel momento". Sin embargo, a juicio de la consejera, la diferencia con la que ahora propone el PP es que aquella era "la única posible cuando España terminaba de salir de una dictadura".
Pese a esta salvedad, la titular andaluza de Igualdad rechaza frontalmente que los abortos se vuelvan a practicar en base a supuestos precisamente porque, "como se demostró durante su vigencia, generaba mucha inseguridad jurídica a las mujeres y a profesionales sanitarios", algo que, advierte, puede volver a "instalarse" entre médicos y mujeres generando "angustia psicológica".
Sobre todo, argumenta Navarro, porque hace 30 años las mujeres que querían interrumpir su embarazo alegaban, "en un 90 por ciento de los casos", trastorno psicológico. "¿Alguien en su sano juicio se cree que esto sea cierto? Si lo fuera, sería realmente preocupante. La realidad es que era la única puerta abierta para aquellas mujeres que no contaban con el dinero suficiente para hacerlo fuera de España, o que no querían poner en riesgo su salud", reflexiona.
Es por ello por lo que la consejera para la Igualdad lamenta que el Gobierno de Mariano Rajoy "quiera llevarnos de nuevo a que solamente quien tenga dinero para pagarlo se pueda ir fuera, como ya hacían cuando no había reglamentación en España". Además, insta al Ejecutivo central a decir si "va a retirar" el recurso al Constitucional sobre la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada por los socialistas o si "también la va a derogar" y a que "llamen a las cosas por su nombre" --como al matrimonio homosexual-- y eviten realizar "un ejercicio de hipocresía y de doble moral".
