ZARAGOZA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón y responsable de la Secretaría de Mujeres y Políticas de Igualdad del partido, Nieves Ibeas, ha calificado de "inadmisible" que el Gobierno de Aragón "incumpla sus compromisos y siga adeudando 800.000 euros a centros sanitarios privados, para que dejen de realizar la interrupción voluntaria del embarazo como prestación pública".
Ibeas se ha pronunciado así después de que las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo en Aragón, clínicas Actur y Almozara, hayan anunciado este lunes que suspenden su colaboración con el Salud desde el próximo día 3 de mayo al haberse acumulado unos impagos por valor de 800.000 euros.
En un comunicado, Ibeas ha destacado que "la experiencia nos dice que en época de crisis los derechos de las mujeres suelen ser de los primeros en caer y este es un ejemplo de ello; está claro que el PP tiene intención de que el aborto no forme parte de la cartera de servicios del Servicio Aragonés de Salud (Salud)".
La responsable de CHA ha enmarcado este recorte "entre los muchos que viene impulsando el PP, tanto desde el Gobierno central como desde las autonomías".
En este caso, ha explicado, el recorte se produce por un impago del Gobierno de Aragón "y atenta directamente contra los derechos y libertades de las mujeres, que cada vez cuentan con menos apoyo por parte de la Administración para ejercer, por ejemplo, su derecho a abortar".
Ibeas ha indicado que se trata "de un paso más" dentro de la política del PP "para conseguir que el aborto vuelva a ser ilegal, haciéndonos retroceder varias décadas y dejando a las mujeres en una situación muy delicada, que pondrá en riesgo sus vidas".
El PP "sabe perfectamente que seguirá habiendo abortos y que las mujeres con recursos serán las que podrán interrumpir voluntariamente su embarazo con seguridad", ha argumentado.
Asimismo, ha acusado al PP de apostar por políticas "de retrocesos y recortes". "Tienen la obsesión de que volvamos a los años setenta, cuando las mujeres que podían viajaban a Londres y las que no tenían que someterse a un aborto sin garantías hospitalarias, jugándose la vida, ante la indiferencia de la Administración franquista".
Ibeas ha anunciado diversas iniciativas de su grupo parlamentario sobre el estado actual de esta deuda del Gobierno, "que tiene como consecuencia la vulneración de un derecho reconocido a las mujeres, por su decisión de no pagar el trabajo realizado en estos u otros centros sanitarios". "Es necesario que la Administración pública asuma su compromiso con los derechos de las mujeres", ha concluido.
