PALMA DE MALLORCA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -
El director general del IB-Salut, Juan José Bestart, ha negado que el servicio público sanitario esté incumpliendo la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo por el hecho de que haya mujeres en esta comunidad que tengan que abonar en primera instancia las facturas de lo que cuesta esta intervención.
El artículo 19 de la citada ley señala que la prestación sanitaria para la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma. Asimismo, añade que "si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación".
No obstante, Bestart ha explicado en declaraciones a Europa Press que este compromiso de "asumir directamente" el abono de la intervención no implica en modo alguno que el servicio público deba "anticipar" el pago de la factura de manera directa, sino que la puede asumir con posterioridad, una vez la persona intervenida la ha pagado por adelantado.
El director general ha afirmado que hasta ahora se estaba produciendo una situación "no del todo legal", derivada del concierto que el anterior Govern tenía con las clínicas privadas abortistas. Este acuerdo permitía que las mujeres fueran atendidas en estos centros sin pasar previamente por el servicio público y después las facturas eran remitidas por las clínicas al IB-Salut, las cuales rondaban el millón de euros al año.
Así, ha apuntado que de este modo no se garantiza que se esté cumpliendo la ley ya que ni tan siquiera se les exigía la presentación de una ecografía con información sobre la edad del feto para saber si estaba dentro de los plazos legales en los que se puede interrumpir el embarazo. Bestart ha remarcado que quieren que el aborto de realice de forma "legal".
Además, ha subrayado que ahora las mujeres deben acudir al médico de cabecera para que se les practiquen las pertinentes pruebas para conocer el estado y edad del embrión. En caso de que quiera interrumpir el embarazo, el director general ha asegurado que el servicio público "pondrá a su disposición todos los recursos" de que dispongan.
En este sentido, ha especificado que, primero se la tratará de atender en un centro público y, en caso de que el IB-Salut no pueda atender la intervención en tiempo, se informará a la mujer de que puede acudir al centro privado que elija y que después el servicio público le reembolsará el coste de la operación.
Respecto a la posibilidad de que los ginecólogos del servicio sanitario público balear ejerzan su derecho a la objeción de conciencia para no realizar la intervención, Bestart ha precisado que se tratará de atender a todas las mujeres, en primer lugar, desde los centros públicos y, en caso de que los médicos no fueran suficientes, "se pondrán más ginecólogos no objetores".
Asimismo, ha agregado que si los profesionales del sistema público no fueran suficientes, se las informará de que pueden acudir a un centro privado y después pasar la factura al IB-Salut.
EL PSM CREE QUE SE VULNERA LA LEY
Por su parte, la diputada de la coalición PSM-IniciativaVerds-ExM, Fina Santiago, ha enviado dos cartas, una al Instituto de la Mujer y otra al Institut Balear de la Dona, en la que ha advertido de que en Baleares se está vulnerando el derecho de la mujer a abortar.
Santiago ha recordado en las misivas que este derecho viene recogido en la Ley de Salud sexual y reproductiva y que está sufragado en su totalidad por la Administración pero que, últimamente, las mujeres que desean interrumpir su embarazo y no pueden ser atendidas por la red pública, son derivadas a clínicas privadas en las que deben abonar -previamente- los 380 euros que cuesta la operación. Posteriormente, el Ib-Salut reembolsaría la cantidad de la operación a la paciente con la presentación de la factura.
