Quiere asesoramiento personalizado a la mujer sobre ayudas, derechos laborales y beneficios fiscales para continuar con la gestación
MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular considera que, frente al aborto, hay que apostar por dar alternativas a las mujeres para no interrumpir de forma voluntaria su embarazo y sí continuar con la gestación, y así lo defendió en la tramitación de la vigente Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de Salud Sexual y Reproductiva de 2010.
"Los derechos de la mujer no pueden tener primacía sobre el no nacido. El problema no estriba tanto en dar facilidades para abortar como de ofrecer alternativas para no hacerlo", agregaron en aquellas enmiendas que presentaron frente al proyecto socialista de Ley de Aborto y que recoge Europa Press.
Sobre la información previa para aquella mujer que quisiera abortar, el PP planteó en una de sus 25 enmiendas que la embarazada recibiera la información y el asesoramiento personalizado por un médico especialista sobre los aspectos más relevantes y las consecuencias médicas y psicológicas de la práctica del mismo, así como de la existencia de medidas de asistencia social y de orientación familiar que pudieran ayudarle.
En esta enmienda se recogía, igualmente, que a la mujer se le informaría de los requisitos que, en su caso, hubieran sido exigibles para la práctica del aborto, entre los que destacaron la emisión de dictámenes preceptivos por médicos especialistas en centros sanitarios públicos.
Para aquellas mujeres embarazadas que, encontrándose en alguno de los supuestos permitidos por la normativa de 1985, pretendiera interrumpir voluntariamente su embarazo, propuso un asesoramiento personalizado que detallase: ayudas que facilitarían la continuidad del embarazo y la cobertura sanitaria durante el mismo; los derechos laborales vinculados al embarazo, así como beneficios fiscales de tener un hijo; consecuencias médicas y psicológicas de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo; la posible cesión temporal e incluso definitiva del nacido como alternativa al aborto, entre otros aspectos.
SIN CONSENTIMIENTO PATERNO, NO HAY ABORTO
Por otro lado, uno de los puntos más polémicos durante la tramitación de la ley socialista fue el hecho de que las menores no tuvieran la obligatoriedad de contar con el permiso paterno para poder interrumpir de forma voluntaria su embarazo no deseado.
Así, la Ley del Aborto de 2010 obliga a las menores de 16 y 17 años a informar a al menos uno de sus padres o tutores legales de su decisión de abortar, salvo que puedan alegar fundamentalmente que dicha comunicación pueda suponerles "un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo".
De hecho, los 'populares' defendieron en una enmienda a la totalidad que registraron, con el fin de que el texto del Gobierno socialista fuera devuelto "íntegramente" de nuevo al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que sí existiera el permiso paterno a las menores para abortar.
Para ellos, interrumpir de forma voluntaria el embarazo de una mujer de entre 16 y 18 años suponía una "total desprotección" de la menor, al mismo tiempo que vulneraba los derechos y las obligaciones de los padres, respecto a sus hijas, tanto desde el punto de vista jurídico como del social.
Desde un punto de vista social comentaron que la posibilidad de prescindir del consentimiento parental vulneraba los derechos de los padres, interfería en las relaciones personales y de confianza recíproca dentro de la familia, además de confundir "intencionadamente" la madurez biológica y sexual con la madurez psicológica y afectiva, y empujar a la menor a afrontar sola una decisión que puede condicionarle el resto de su vida.
De forma jurídica, en opinión del PP, la falta de consentimiento de los padres vacía de contenido la patria potestad de estos, desvirtuando a la familia, que está organizada en beneficio y protección de los menores.
El actual Gobierno de Mariano Rajoy ha prometido reformar la vigente normativa en la línea de una ley de supuestos, en lugar de plazos, de cara a defender los derechos del 'nonato', siempre que estos no entren en colisión con otros derechos, siguiendo la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en 1985.
En esta nueva revisión el PP quiere que se exija que las menores cuenten con el permiso expreso de sus padres a la hora de interrumpir su embarazo de forma voluntaria, tal y como lo avanzó el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón en el Congreso hace apenas una semana.
NO RESPETA LA DOCTRINA DEL TC
Es más, el PP ya argumentaba que la 'ley socialista' no respetaba la doctrina del Tribunal Constitucional de 1985, en concreto con el sistema de plazos planteado por el Gobierno y la tutela jurídica del nasciturus. "Desprotege totalmente al no nacido durante las primeras catorce semanas de gestación y no establece suficientes mecanismos que garanticen el cumplimiento de la legalidad a partir de ese momento", señalaban en sus enmiendas.
Según alegó el PP en la tramitación parlamentaria, una "adecuada" política para la mejora de la salud sexual y reproductiva debería tener un "enfoque bien distinto" del presentado por la normativa del PSOE.
En concreto, propuso una regulación de aquellas situaciones reconocidas como "conflictivas" en la sentencia del TC de 1985, que en su opinión, no podían contemplarse tan solo desde la perspectiva de los derechos de la mujer o desde la protección a la vida del nasciturus.
Asimismo, pidió que el Consejo Interterritorial de Salud elaborara informes periódicos relativos al correcto cumplimiento de los requisitos establecidos para la práctica del aborto en los supuestos legales de despenalización parcial, que comprendieran, al menos, la estadística pormenorizada de su relación y evolución, así como estudios de valoración de efectividad de las políticas públicas de apoyo a la maternidad.
PLAN DE APOYO A LA MATERNIDAD
Por otro lado, planteó la creación de un plan de apoyo a la maternidad, en el que se establecieran un conjunto de medidas de apoyo a la mujer embarazada antes y después del parto, así como de promoción de la natalidad.
En este sentido, en 2010 el Grupo Parlamentario Popular registró en el Congreso una proposición de ley para apoyar a la maternidad y de fomento de la natalidad que contempla, entre otras medidas, elevar la deducción por maternidad hasta 1.800 euros anuales por el segundo hijo, y a 2.400 por los siguientes, ampliar el período de baja maternal de 16 a 20 semanas, ampliable en el caso de parto múltiple, y la garantía de acceso a la red de apoyo social e institucional de todas las mujeres embarazadas.
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de Salud Sexual y Reproductiva fue aprobada en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2009 con el voto a favor del PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, BNG, Na-Bai y dos de los 10 diputados de CiU. Por el contrario, el proyecto fue rechazado por el PP, siete diputados de CiU, Coalición Canaria, UPN y UPyD, que sumaron 158 votos. La única abstención fue de CiU.
La norma vigente establece un plazo de 14 semanas para que las mujeres, "sin interferencia de terceros", puedan abortar libremente. Asimismo, tendrán la posibilidad de interrumpir su embarazo hasta la semana 22 si "existe grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada" o "riesgo de graves anomalías en el feto".
La ley también permite abortar en cualquier momento del embarazo si se detecten "anomalías fetales incompatibles con la vida" o cuando se descubra en el feto "una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico".
