MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Senado aprobó esta tarde de manera definitiva la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entrará en vigor a los cuatro meses de dicha publicación, al rechazar las 88 enmiendas que se habían presentado.
La parte del texto que no contenía ninguna enmienda ha sido aprobada por 132 votos a favor (PSOE, Entesa, tres senadores de CiU, PNV, BNG, el representante del PSM-EN, dos senadores independientes de Navarra e Ibiza y uno de Coalición Canaria), 126 en contra (PP, tres parlamentarios de CiU y la representante de UPN, el del Partido Aragonés y otro de Coalición Canaria), y una abstención (CiU).
Por la mañana, el Pleno del Senado rechazó los tres vetos presentados por el PP, Unió y Unión del Pueblo Navarro (UPN) por un margen de entre cuatro y ocho votos.
NEGOCIACIÓN CON LOS GRUPOS
Fuentes parlamentarias aseguraron a Europa Press que el Grupo Socialista ha trabajado intensamente estos días con senadores de distintas formaciones para posibilitar que la Ley fuera aprobada de forma definitiva en el Senado y evitar así que fuera ratificada en el Congreso de los Diputados. Aído se hizo una fotografía con los senadores socialistas.
Tras la votación se concentraron a la salida del Hemiciclo la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, la titular de Sanidad, Trinidad Jiménez y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, quienes recibieron las felicitaciones y los aplausos de los parlamentarios socialistas.
La nueva ley permite abortar libremente en las 14 primeras semanas de gestación y hasta la 22 cuando se detecten graves peligros para la salud de la madre o malformaciones en el feto.
Uno de los puntos más polémicos, el de las menores, queda fijado de la siguiente manera: las chicas de 16 y 17 años que deben informar al menos a uno de sus padres o tutores legales su deseo de abortar, salvo que puedan alegar fundadamente que dicha comunicación pueda suponerles "un peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo", algo que para lo 'populares' "se va a convertir en un coladero".
