MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados aprobó hoy con el respaldo de 184 de los 350 diputados de la Cámara -ocho por encima de la mayoría absoluta requerida- el proyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que ahora será enviado al Senado.
El texto fue apoyado por el PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, BNG y Na-Bai y dos diputados de Convergencia (CDC-CIU), que tiene libertad de voto. Por el contrario, el proyecto no contó con el voto favorable del PP, Coalición Canaria, los cuatro de Unió (UDC-CiU), tres de Convergencia, UPN y UPyD, que sumaron 158 votos. La diputada restante de Convergencia, Inmaculada Riera, fue la única abstención. El diputado del PP José Madero votó, por error, a favor de la nueva ley.
En la votación no estuvo presente el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que hoy viajaba a Copenhague para asistir a la cumbre sobre cambio climático. Durante el debate en el Pleno, la diputada socialista Carmen Montón comenzó su intervención diciendo que "los avances sociales nunca han sido fáciles y menos los que conciernen a los derechos de las mujeres". "Hoy me siento orgullosa de vivir en este tiempo y en este país, con un Gobierno comprometido con la igualdad", agregó.
Montón destacó que esta ley respeta "el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad" y da cumplimiento a "una histórica reivindicación de tantas feministas" y defendió que el objetivo de la norma es "que sean menos las mujeres que abortan y que las que lo hagan sea con más información, con más garantías y con más seguridad".
Sobre las menores, la diputada del PSOE subrayó que "la capacidad de decir radica única y exclusivamente" en las chicas de 16 y 17 años y añadió que la norma "no prohíbe que informen a sus padres" y tampoco impide que se les ayude a "conformar su decisión". "Cuando la joven alegue un conflicto podrá prescindir de informar a su entorno, para que no se limite su decisión o se la aboque a un circuito de clandestinidad", explicó.
"Con más represión y con más Código Penal --dijo al PP--, no conseguiremos menos abortos, si no más sufrimiento. Y con menos educación y menos acceso a métodos anticonceptivos no conseguiremos abstinencia y castidad, sino más riesgo y más embarazos no deseados. Una vez que aprobamos estas leyes, ustedes también son protagonistas del ejercicio de estos derechos", apostilló.
PP: EL ABORTO NO ES UNA SOLUCIÓN RUTINARIA
Desde las filas del PP, Santiago Cervera, argumentó que
la nueva norma no tiene "ni consenso social, ni profesional y ni político". "Es una ley de unos contra otros, es una ley del mínimo parlamentario", sentenció.
El diputado navarro, médico de profesión, criticó que el Gobierno haya reformado la ley sin "demanda social", sin estar incluida en el programa electoral del PSOE y con la única intención de "recuperar el control de la agenda política". "Lo único que han conseguido es dividir, excluir y crispar", aseveró. Cervera recalcó que "el aborto no puede ser entendido como una solución rutinaria" y que "la vida del no nacido merece ser protegida y no puede depender del libre albedrío de nadie".
Además, censuró que la ley no reconozca el derecho a objetar a todos los profesionales que susceptiblemente pueden intervenir en un aborto, además de "no amparar la confidencialidad de su decisión ni garantizar el resto de sus derechos profesionales". Sobre el tema de las menores, dijo que la fórmula pactada por el PSOE con el PNV permitirá que en la práctica las menores puedan abortar sin que lo sepan sus padres. "Todo seguirá siendo como el Gobierno lo ha pensado desde el principio", lamentó.
Cervera sustituyó como portavoz a la diputada Sandra Moneo, embarazada de ocho meses, y que defendió la postura de su grupo en el debate de totalidad, por la que recibió una cerrada ovación de sus compañeros de filas. Fuentes del PP explicaron a Europa Press que este cambio es por que el grupo quería dar un perfil más especializado a la intervención (Cervera es médico), además de protagonismo al nuevo líder del PP navarro, para contrarrestar la actuación que el diputado de UPN Carlos Salvador está haciendo en este tema.
DIVISIÓN EN CIU
En nombre de Unió (UDC-CiU), la diputada Concepciò Tarruella aseguró que la ley es inconstitucional y recalcó que el Estado debe "proteger la vida de todos y garantizar verdaderas ayudas a la familia y a la maternidad para que las mujeres tengan alternativas al aborto" y puedan sacar adelante a sus hijos.
Sin embargo, la diputada de Convergencia (CDC-CiU) Mercè Pigem, señaló que el nuevo texto dará más seguridad jurídica a mujeres y profesionales y pondrá fin a la "abusiva" utilización del tercer supuesto de la ley actual. En este sentido, manifestó su conformidad con las enmiendas aprobadas en tramitación parlamentaria y pidió al los parlamentarios que "entiendan" las razones de todas las mujeres que se pueden encontrar de "ante el un dilema moral" a la hora de abortar.
Por parte del PNV, el diputado Joseba Aguirretxea defendió el apoyo de su grupo al dictamen sobre el aborto porque, a su entender, dará como resultado una ley "más humana, más cercana y responsable" que la anterior. Asimismo, mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado entorno a las enmiendas presentadas por su formación, que, según destacó, fueron negociadas "sin ceder a los principios" del PNV.
PNV: NO CERRAMOS LOS OJOS
"El PNV, en un acto de valentía, decidió implicarse en este aspecto y no cerrar los ojos ante el problema del aborto. Nuestra participación no traiciona nuestro sentido humanista de la política", justificó el diputado vasco, para añadir que la interrupción voluntaria del embarazo pasó en España de ser "puro delito" a ser "prácticamente libre", con "miles" de abortos como resultado.
Por su parte, Joan Tardà (ERC) aseguró que "hoy es un día feliz para el Gobierno, para la ministra, para su grupo y para las mujeres". "Estamos muy felices y satisfechos de trabajar con ustedes para avanzar en derechos", dijo en referencia al Gobierno y al Grupo Socialista. En cualquier caso, criticó que el texto no permita el aborto libre hasta la semana 22 y que no recoja una "absoluta despenalización del aborto".
"Los que están en contra de la reforma quieren volver a los tiempos del silencio y de la represión donde había más interrupciones y represión de las libertades", indicó el portavoz de IU, Gaspar Llamazares. En su opinión, el nuevo texto garantiza "un marco más amplio" para el ejercicio de un "derecho" como el de la interrupción voluntaria del embarazo. "Discutido desde el punto de vista moral podemos cometer pecado, pero desde luego no es delito", concluyó.
La diputada de UPyD, Rosa Díez, criticó el dictamen y aseguró que genera "más inseguridad jurídica" que la norma anterior porque "se trata de una ley de plazos 'de facto'". Asimismo alertó sobre la "apropiación indebida" por parte del Estado de la tutela de las menores que quieran abortar porque ésta "le corresponde a sus padres y tutores legales". "Es una mala ley, más insegura que la actual, que no sólo no resuelve los problemas, sino que los empeora", avisó Díez, que culpó a los socialistas de "banalizar el aborto".
Por su parte, Olaia Fernández explicó que el BNG apoya la ley porque reconoce el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad e introduce medidas para reducir los embarazos no deseados. Por parte de Nafarroa Bai, su portavoz, Uxúe Barcos, manifestó su conformidad con la reforma de la ley, que, a su juicio, apunta una "necesidad imperiosa" de la sociedad.
Mientras, el diputado de UPN, Carlos Salvador, auguró que las novedades introducidas en el texto "traerán más inseguridad jurídica" y preguntó al PSOE por qué da libertad de voto a los diputados catalanes para decidir sobre las corridas de toros y no a los parlamentarios para votar sobre el aborto.
