MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
La asociación Yo Sí Sanidad Universal ha criticado que los cambios en el Real Decreto-Ley 7/2018, que busca la recuperación de la sanidad universal en España, "han aumentado las restricciones de acceso al sistema sanitario de forma grave".
"La exclusión sanitaria que comenzó en 2012 sigue más que vigente. Durante meses, advertimos al Gobierno y a todos los partidos interesados que la redacción de la norma mantenía, y en algunos casos profundizaba, la exclusión sanitaria. Durante los 10 meses que lleva en vigor esta ley, los cambios detectados han sido a peor: han aumentado las restricciones de acceso al sistema sanitario de forma grave", denuncian en un comunicado.
Su texto llega tras la publicación del documento de recomendaciones del Ministerio para implementar el Real Decreto-Ley, que a su juicio "abandona definitivamente a miles de personas a su suerte". "Las organizaciones sociales que hicimos aportaciones a la ley y al documento de recomendaciones hemos comprobado con indignación que ninguna de ellas se ha tenido en cuenta en la redacción final. Durante las reuniones con el Ministerio de Sanidad, sus portavoces insistían en que los posibles huecos que dejaba la ley se solucionarían con este documento de recomendaciones. Muy al contrario, el documento definitivo es aún más restrictivo", lamentan.
Yo Sí Sanidad Universal asegura que el documento de recomendaciones desarrolla un procedimiento "complejo y burocrático", para el que "hay que cumplir requisitos que van a dificultar la asistencia de múltiples colectivos y a dejar fuera del sistema a otros tantos que, paradójicamente, venían siendo atendidos incluso con el decreto de exclusión sanitaria de 2012".
Por ejemplo, insisten en que el Real Decreto-Ley establece que solo podrán recibir asistencia las personas que demuestren llevar más de 90 días residiendo en España. "Es un sinsentido establecer un límite tan arbitrario al acceso sanitario: antes de 2012 no se exigía este mínimo de residencia y no existía un problema de turismo sanitario", reivindican.
En la Ley, se planteaba que para las personas que llevan menos de 90 días existiera una vía de acceso mediante un informe social emitido por una trabajadora social competente. "Sin embargo, se ha suprimido cualquier mención a esta vía en el documento final de recomendaciones y, por tanto, se está añadiendo una barrera más a esta población, ya que por el momento no va a haber ninguna vía de acceso que les permita recibir asistencia", argumentan.
"ELIMINACIÓN" DE LA PROTECCIÓN A EMBARAZADAS Y MENORES
En este mismo sentido, se quejan de que el nuevo Real Decreto elimina algunas excepciones que siempre tenían garantizada la asistencia, como embarazadas, menores y asistencia en Urgencias. "El documento de recomendaciones no abre ninguna vía para recuperarlas. Por lo tanto, actualmente se está denegando la asistencia a estos grupos si no pueden demostrar llevar más de 90 días en el país", justifican.
Además, consideran que las nuevas recomendaciones "siguen excluyendo" a todas las personas con residencia comunitaria pero que no están cotizando y no pueden figurar como beneficiarios de sus familiares. "Esto incluye a comunitarios que no han encontrado trabajo y no han podido inscribirse en el registro general de extranjeros (sobre todo personas rumanas y búlgaras) y a madres y padres ancianos que han venido a vivir con sus hijos", afirman.
Igualmente, creen que el documento inicia una "peligrosa senda" para convertir a los centros sanitarios en 'check points', ya que a su juicio "introduce medidas basadas en la sospecha, en la disuasión y en la amenaza". "Atribuye a los empleados del sistema sanitario, a los administrativos y a los trabajadores sociales la obligación de denunciar los casos en los que, bajo un criterio no establecido, detecten que una persona ha iniciado un proceso de migración solo para buscar atención sanitaria", señalan.
Por otro lado, ven que las recomendaciones introducen la "amenaza" de la facturación a 'posteriori'. "Las personas tendrán que entregar una solicitud para tener asistencia sanitaria pero si, al cabo de un periodo que puede llegar a tres meses, esa solicitud es denegada, tendrán que pagar la atención sanitaria que hayan recibido en esos meses. El efecto disuasorio de este tipo de medidas es claro. La facturación puede ampliar la base del 'iceberg' de la exclusión, compuesto por todas aquellas personas que desisten de solicitar su derecho a la atención sanitaria", apostillan.
"Este Gobierno ha dilapidado toda la confianza que las organizaciones sociales habíamos depositado cuando anunció la vuelta a la universalidad. El documento de recomendaciones del Ministerio confirma el gran engaño que ha supuesto para la ciudadanía la Ley. El Gobierno de Pedro Sánchez no solo ha perdido la oportunidad de mejorar la fallida ley de universalidad de la que tan orgulloso se siente, sino que abandona definitivamente a miles de personas a su suerte", concluyen duramente.
