MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
El movimiento social Yo Sí, Sanidad Universal ha criticado el nuevo Real Decreto Ley 7/2008 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), ya que lo consideran "más restrictivo" que las normas de las que se dotaron las comunidades autónomas anteriormente y, a su juicio, "deja fuera" del derecho de asistencia a los españoles residentes en el extranjero.
A través de un comunicado, la organización pormenoriza su postura sobre este nueva normativa, aprobada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social hace apenas 2 semanas para "acabar con la exclusión que generó el Real Decreto Ley 16/2012".
Pese a su postura crítica con la anterior norma, desde Yo Sí, Sanidad Universal aseguran que el nuevo Real Decreto "impone barreras de prueba entre" el usuario y el acceso al servicio sanitario, y establece "arbitrariamente la necesidad de acreditar un periodo de estancia en el territorio de tres meses antes de poder acceder al servicio".
"Teniendo en cuenta las dificultades que los ayuntamientos establecen para empadronarse, acreditar 90 días de padrón resulta quimérico en múltiples ocasiones. Deja en manos de los servicios sociales, ya de por sí sobrecargados y con lista de espera, la posibilidad de realizar 'informes' que permitan al usuario esquivar temporalmente la necesidad de acreditar el empadronamiento, abriendo la puerta así a la discrecionalidad entre los distintos servicios", lamentan.
Además, tampoco están de acuerdo con que "deje en manos de las comunidades autónomas los procedimientos para comprobar el cumplimiento de los requisitos para acceder al sistema sanitario y para emitir el documento que acredita ese derecho, abriendo la puerta a la discrecionalidad, y a la posibilidad de distintas normativas en las distintas regiones, a pesar de que se pretendía homogeneizar el acceso en todo el territorio español". "Resulta contradictorio que una norma que pretende universalizar el acceso a un servicio sea tan prolija en requisitos para acceder a éste", añaden.
Así, consideran que esta norma es "más restrictiva" en el acceso a los sistemas de salud que las leyes que de las que se dotaron varias comunidades autónomas para adaptarse a la realidad del RDL 16/2012. "Por ejemplo, en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, ya se habla en sus análisis internos de que las nuevas exigencias van a excluir del derecho a la asistencia a personas actualmente incluidas, y habrá que facturarles su atención", argumentan.
"PROFUNDIZA EN LAS VÍAS DE EXCLUSIÓN APROBADAS POR EL PP"
Además, sostienen que "deja fuera" del derecho a la asistencia a los españoles que residen en el extranjero, "dejando en manos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que viene negándolo sistemáticamente a pesar de las decenas de fallos judiciales en su contra, el reconocimiento del derecho a la atención de los familiares reagrupados y los ascendientes de ciudadanos con nacionalidad española".
En última instancia, consideran que "abre la puerta" a la posibilidad de que la Organización Nacional de Trasplantes "se rija por otra normativa diferente" en cuanto a la realización de este tipo de prácticas a inmigrantes sin acceso a la Seguridad Social.
A la vista de estas crítcias, confían en que los partidos de la oposición "propongan enmiendas o emitan propuestas para subsanar todos esos errores antes de que la nueva normativa sea inmutable", ya que ahora debe ser refrandada por el Congreso de los Diputados una vez se retomen las sesiones.
"En general, el nuevo RDL 7/2018, en lugar de resolver el drama que supuso el RDL 16/2012, profundiza en las vías de exclusión sanitaria abiertas por éste y dota a las comunidades autónomas de nuevos subterfugios legales para excluir a más personas del acceso a la atención sanitaria, en lo que supone la pérdida de una oportunidad preciosa para devolver a la ciudadanía los derechos de los que le privó el PP", concluye Yo Sí, Sanidad Universal.
