MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE), José Riquelme, ha presentado este lunes, en el registro de los juzgados de Plaza Castilla, una demanda de acto de conciliación contra las farmacéuticas Grünenthal y UCB Pharma, responsables de la venta en España del principio activo llamado talidomida, un sedante para paliar las nauseas de las embarazadas que causó malformaciones en muchos bebés nacidos en todo el mundo a partir de los años 50.
Según esta demanda de conciliación, AVITE considera "insuficiente" los 120.000 euros que Grünenthal ha ofrecido para indemnizar a todos los afectados por la talidomida en España, unos 184 reconocidos como socios de AVITE. Por ello reclaman una indemnización de casi 156 millones de euros por un delito de negligencia. Asimismo, piden que se reconozca su situación y se pidan disculpas por ello.
Según el abogado de la asociación, Ignacio Martínez, a diferencia de lo ocurrido en Alemania, donde los afectados por la talidomida fueron indemnizados por Grünenthal en los 70 con 110 millones de marcos, "en España no se ha indemnizado a nadie, sólo hay 23 personas reconocidas por el Real Decreto 1006/2010, que simplemente concede unas pequeñas ayudas, puntuales, de pago único y no pensiones".
"Nosotros consideramos que, quienes tienen que indemnizar el daño, son las farmacéuticas que causaron este daño y es la vía que vamos a iniciar ahora", ha señalado Martínez. Tras la presentación de esta demanda de acto de conciliación, esperará a que el juzgado cite a las partes para celebrar dicho acto. Si el resultado es negativo, como temen, según el abogado, presentarán una demanda.
Por su parte, el presidente de AVITE ha dicho que "los ánimos están bien" y que las víctimas de la talidomida, que en cifras reales aunque no cuantificadas podrían llegar a las 300, "saben que tienen la razón y lo único que piden es justicia".
Dice que los responsables de Grünenthal, con los que se reunieron por última vez el pasado 7 de junio, "ofrecieron 120.000 euros para indemnizarnos a todos". Con este dinero, dice, "querían montar una oficina, formar un equipo de especialistas, comprar sillas de ruedas eléctricas --que valen 60.000 euros--, ayudar a los casos más graves y con lo que sobrara, 20.000 euros, indemnizar a 200 personas".
Paralelamente, según Riquelme, AVITE está luchando por que el Ministerio de Sanidad desarrolle un nuevo Real Decreto sobre los afectados de la talidomida que "palie los fallos garrafales" que, a su juicio, contiene el Real Decreto 1006/2010.
El Real Decreto 1006/2010, el primero que en España reconoció a este colectivo, contempla como víctimas de la talidomida sólo a los nacidos entre los años 1960 y 1965 y establece ayudas únicamente para quienes presentan una invalidez mínima del 33 por ciento.
"Lucharemos para que ese protocolo tan restrictivo se amplíe, porque el medicamento se comienza a vender en el año 57 y, sin embargo, este protocolo toma en cuenta sólo los nacidos del año 60 al 65. Hay en la asociación gente nacida en el 58 que son talidomídicos y que no han tenido reconocimiento, eso no tiene sentido", asevera Riquelme, apuntando que, en su colectivo, "hay personas afectadas por la talidomida que son de libro pero que, por no llegar al 33 por ciento de invalidez, se quedarían fuera".
