Afirma que la jurisprudencia en ese ámbito está "influida" en España por los "efectos emotivos" de los resultados de esas imprudencias
SANTANDER, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC) y catedrática de Derecho Penal, Adela Asua, aboga por la "contención" a la hora de acudir al ámbito penal en casos de responsabilidad por imprudencia de los profesionales sanitarios. Además, ha señalado que la responsabilidad penal debe determinarse por la gravedad de la conducta negligente, y no por el resultado.
Así lo ha hecho durante su participación en Santander en el VII Encuentro Interautonómico sobre protección jurídica del paciente como consumidor, en el que ha afirmado que la jurisprudencia de responsabilidad penal en España es "dispersa" y está "influida" por los "efectos emotivos" por los resultados de la negligencia, en algunos la muerte del paciente.
Asua ha afirmado que el derecho penal en este ámbito de la responsabilidad está llamado a ser un "instrumento de intervención subsidiaria" y sólo debe usarse cuando sea "necesario" y cuando otros instrumentos "no sean suficientes", o porque la gravedad de la conducta, sin ser dolosa, es "clamorosa". También puede usarse, según ha señalado, en aquellos casos en que sea necesaria "una llamada de advertencia muy seria para los profesionales".
Como uno de los problemas a la hora de determinar desde el ámbito penal esta responsabilidad por imprudencia del profesional santuario, ha destacado la dificultad de "calificación" a la hora de determinar la gravedad de la imprudencia, para la que, según ha apuntado, se deben de tener en cuenta aspectos como la "previsibilidad" o la "evitabilidad".
Así, ha mantenido que "ante lo imprevisible no puede haber responsabilidad penal" y, como ejemplo, ha advertido de que en las intervenciones quirúrgicas "surgen dificultades en cada esquina" y es un campo que se mueve en la "incertidumbre".
Asua ha mantenido que "sólo se puede hablar" de responsabilidad penal por imprudencia del personal sanitario cuando se puede determinar que estos profesionales "tuvieron a su alcance prever, adelantarse y evitar" el resultado nocivo y que esto era lo "exigible".
Además, como dificultad, también ha citado la relativa a determinar en un caso de imprudencia de los profesionales sanitarios la responsabilidad de cada integrante de un equipo médico.
Además, ha defendido que la intervención penal en casos de responsabilidad por imprudencia "no puede abarcar aquellos descuidados o errores cotidianos, que conforma la previsibilidad de los profesionales, y que por regla general, no conllevan un riesgo grave para la salud o para la vida".
En su intervención, Asua ha reconocido que echa en falta en el Código Penal, al hablar sobre las imprudencias y esta responsabilidad genérica, una "previsión específica" a ciertas profesiones.
"Aquí entra con los mismos criterios y esa cláusula general todo tipo de profesiones", ha opinado Asua, quien considera que sería "mejor que hubiera una previsión específica" con la idea de que se cumpla la exigencia del principio de legalidad de que la prescripción de la conducta este "muy clara" y "pensada" para evitar inseguridad jurídica.
De lo contrario, ha advertido que se estarán generando "expectativas falsas a los pacientes" y que los "letrados voraces de intervención, llevándole a un litigiosidad que no sirve para resolver el problema".
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE RECURRIR A LA VÍA PENAL
La vicepresidenta del Constitucional ha repasado algunas de las ventajas y desventajas de la intervención penal en casos de imprudencia, que según ha dicho es un ámbito que debe quedar "muy separado" del de delitos dolosos.
Entre las ventajas de acudir a la vía penal en casos de imprudencia, ha señalado que el proceso es "más barato" para el demandante, ya que una vez denunciado el caso es el fiscal el que pasa a hacerse cargo, y el "efecto es más drástico". Sin embargo, como desventajas, ha señalado que es "más lento" y "más difícil".
Además del ámbito de la responsabilidad penal por imprudencia de los profesionales sanitarios, a la que ha dedicado la mayor parte de su intervención, ha sido cuestionada por la responsabilidad penal en otros ámbitos, como en el de efectos secundarios de algunos medicamentos, en el que --ha dicho-- no conoce ninguna sentencia que la reconozca.
En su intervención, la vicepresidenta del Constitucional ha opinado que en algunos casos la inclusión de determinados delitos en el Código Penal "equivocan a la gente", que "cree que por estar en el Código Penal los problemas se arreglan" cuando, a su juicio, no es así.
Ha recordado que la intervención penal, además de penas de cárcel y de responsabilidad civil, pueda conllevar inhabilitación profesional, que, en ocasiones es más grave que el resto.
