Entidades en defensa del sistema público de salud ven "injusta e insolidaria" la medida
BARCELONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora de Usuarios por la Sanidad (CUS) ha tachado este miércoles de "inadmisible" la tasa universal de un euro por receta farmacéutica que el Govern empezará a aplicar a partir del año que viene en Cataluña.
En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la CUS, Carme Sabaté, ha criticado que la tasa no excluya a enfermos crónicos y no contemple discriminación por renta, lo que a su juicio hace que la medida obedezca más a criterios economicistas y recaudatorios que disuasorios.
De hecho, ha circunscrito al pasado los abusos de recetas farmacéuticas, cuando ha admitido que se daban este tipo de prácticas, erradicadas actualmente por la extensión de la receta electrónica.
Sabaté ha evidenciado la existencia de grupos de enfermos crónicos que se plantean abandonar la medicación por su incapacidad de costear el 40% del precio de los fármacos.
En esta línea, ha pedido excepciones para un colectivo sensible como el citado y para los pensionistas con pensiones de menos de 1.000 euros al mes que, en su opinión, tampoco deberían colaborar en esta recaudación.
La líder de la CUS se ha decantado por un aumento de los impuestos indirectos como una vía para aumentar los recursos sanitarios, y, aunque la Generalitat no tiene potestad para imponer este incremento, podría "ejercer una mayor presión sobre el Estado para que así lo hiciera", ha añadido Sabaté.
Por su parte, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha resaltado que esta medida es injusta e insolidaria por tener especial repercusión sobre las personas más enfermas, que precisan más fármacos, y las que tienen menos recursos económicos.
Los copagos, tiques moderadores o tasas "han demostrado en la experiencia internacional que no tienen capacidad de discriminar entre la demanda inadecuada y la que no lo es y que son perjudiciales para la salud".
Además, la federación ha reiterado que se trata de una medida ilegal, al insistir en que Cataluña carece de competencias sobre la política de los medicamentos y que la aportación de los usuarios no puede ser decidida por esa comunidad autónoma, extremo que ha negado la Generalitat.
