MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado una pregunta al Gobierno en el Congreso de los Diputados, para ser respondida por escrito, sobre el aumento de la comercialización de fármacos fraudulentos.
Y es que, según señala en el texto, un artículo publicado en la revista 'The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene' mostró que el volumen de fármacos falsificados representa un 10 por ciento del mercado global, suponiendo, por tanto, un "riesgo real" tanto para los pacientes como para la investigación.
No obstante, UPyD recuerda que en la actual legislatura se aprobó la Ley 10/2013 por la que se incorporaron al ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal.
Además, se modificó la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Esta Ley contiene una serie de infracciones que afectan de lleno a la farmacovigilancia como son, por ejemplo, poner en el mercado fármacos de cualquier naturaleza sin haber obtenido la preceptiva autorización sanitaria; o fabricar, importar, exportar, intermediar, distribuir, dispensar y vender medicamentos falsificados.
Asimismo, la normativa prohíbe vender medicamentos a domicilio o a través de Internet o de otros medios telemáticos o indirectos, en contra de los previsto en la ley o incumplimiento las disposiciones que regulen dicha modalidad de venta; así como realizar, por parte de las oficinas de farmacia, actividades de distribución de medicamentos a otras oficinas de farmacia, almacenes mayoristas autorizados, u otras entidades, centros o personas físicas sin autorización para la actividad de distribución o bien la realización de envíos de medicamentos fuera del territorio nacional.
Por ello, y debido a que ya han pasado dos años de la aprobación, UPyD ha cuestionado Gobiernos sobre si tiene estadísticas relativas a las infracciones anteriormente enumeradas y sobre qué recursos tiene destinados específicamente para detectar este tipo de faltas.
