VALLADOLID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este viernes por unanimidad un acuerdo para que todos los enfermos de hepatitis C que lo requieran en la Comunidad reciban los fármacos de nueva generación, como contempla ya el "ambicioso" borrador de la Estrategia Nacional propuesto por el Gobierno que, para los grupos en la oposición, llega tarde al mismo tiempo que han pedido que se mantenga cuando pasen las elecciones de este año.
Así lo ha exigido la procuradora socialista Mercedes Martín en la defensa de una proposición no de ley (PNL) presentada por su grupo y que, consciente de que había perdido actualidad tras la estrategia anunciada por el Gobierno, ha centrado en el futuro y en la necesidad de exigir un apoyo regional "sin fisuras" a esa estrategia que debe llevar aparejada financiación finalista, a lo que ha sumado la exigencia de transparencia e información a los enfermos.
"Es necesario que sepamos de una vez por todas cuántos enfermos diagnósticos hay en Castilla y León", ha reclamado Mercedes Martín, que ha exigido "inmediatez irrenunciable" para que se cumplan los protocolos 4, 3 y 2 de esta enfermedad y para que no superen los 45 días desde la prescripción hasta la aplicación de los tratamientos, por lo que ha propuesto un calendario concreto "y sin trampas, sin coartadas y sin argumentos" para estos enfermos.
Martín ha lamentado que se haya perdido un "tiempo esencial" en España para los afectados por hepatitis C desde el "recuerdo especial y doloroso" a algunos que ya no lo tienen mientras que para otros corre en su contra, por lo que ha insistido en la necesidad de agilizar todos los trámites para dar cumplimiento al derecho a curarse de estos pacientes, un asunto "de justicia".
Desde las filas populares, el procurador Jerónimo García Bermejo ha dado su apoyo a la iniciativa socialista convencido de que, aunque tardía, el trabajo que se propone ya está realizado. "Se ha trabajado para que el Sistema Nacional de Salud tenga una Estrategia Nacional de abordaje de la hepatitis C para atender todos los casos, incluidos los leves, un plan precoz muy eficaz para evitar complicaciones futuras", ha asegurado el procurador 'popular', quien ha reconocido el aspecto curativo que plantean los antivirales de última generación.
SENSIBILIDAD REAL Y SOSTENIBILIDAD
García Bermejo ha aprovechado su intervención para defender la actuación del Gobierno desde una "sensibilidad real, responsable, justa, eficaz y no propagandística ni partidista" y ha apelado además a la necesaria sostenibilidad de un sistema sanitario "que estaba muy afectado" persiguiendo la equidad para los ciudadanos y para los pacientes y que ha hecho, según sus palabras, que hoy en España se pueda atender a estos enfermos, lo que ha provocado el malestar de los pacientes que seguían el debate desde la tribuna de invitados de las Cortes con pancartas en las que se podía leer 'Sus recortes matan' y por lo que han sido apercibidos por la presidenta.
"Lo auténticamente insostenible es que enfermos pierdan la vida por falta de tratamientos", ha respondido Martín a García Bermejo que ha asegurado en todo momento que en Castilla y León se han aplicado criterios científicos y médicos y en condiciones de igualdad para la dispensación de los medicamentos de última generación a lo que ha sumado el compromiso de hacer posible que todos los pacientes "lo tengan de inmediato".
Por parte del Grupo Mixto, su portavoz, José María González, de IU, ha acusado al Gobierno de haber puesto lo público al servicio de lo privado y "sin mirar las necesidades que tienen los ciudadanos" que han conseguido ahora "cierta esperanza" fruto de su "trabajo movilizador" si bien ha expresado su temor de que las medidas anunciadas por el Gobierno no vayan acompañadas "de lo que tienen que venir acompañadas", en referencia a una memoria económica.
González ha recriminado que la Junta sea incapaz de responder con exactitud cuántos enfermos de hepatitis C hay en Castilla y León y se ha opuesto a cualquier medida que pueda ser entendida como caritativa por lo que ha instado a tomar decisiones para que el tratamiento sea "un derecho generalizado".
