MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) ha mantenido una reunión con representantes del Ministerio de Justicia en la que ha trasladado su posicionamiento en materia penal, al tiempo que ha solicitado formalmente ser entidad colaboradora en materia de adicciones, con el fin de aportar su experiencia técnica y su conocimiento de la realidad social de las personas con adicciones en el diseño, desarrollo y evaluación de políticas públicas.
Durante el encuentro, UNAD ha defendido una justicia centrada en la reinserción social de las personas que, en un momento dado, han podido cometer un delito. La red considera que la privación de libertad no debe conllevar la pérdida de otros derechos fundamentales como la salud, la educación, el acceso a un empleo, la información o el mantenimiento del contacto con la familia. "El único derecho que debe limitarse como consecuencia de una sentencia penal es el de la libertad", ha añadido.
Además, UNAD ha reiterado que las prisiones no deben usarse como alternativa a la solución de problemas sociales. En muchos casos, han explicado, las causas del delito se encuentran en las graves situaciones de exclusión y vulnerabilidad que viven las personas que los cometen, por lo que, han apuntado, se debe actuar sobre esas causas para prevenir el delito y evitar su reincidencia.
La organización defiende que la mejor manera de lograrlo es a través de una inversión sostenida en políticas sociales orientadas a garantizar la igualdad real entre la ciudadanía.
En esta línea, ha reclamado la ampliación del sistema actual de alternativas a la prisión con figuras como la 'probation', la 'diversion' o la suspensión del fallo, dejando la prisión como una solución excepcional y para los casos más graves.
La red también ha manifestado que la prisión no es el mejor lugar para que las personas se sometan a un tratamiento de drogodependencias efectivo, por lo que considera que deben finalizarse en entornos terapéuticos ajenos a la cárcel. En todo caso, han subrayado que se debe ofertar siempre un tratamiento a personas con adicciones, ya que para muchas es la única vía de entrada a un proceso de deshabituación.
En términos de rentabilidad social y económica, UNAD ha defendido que es más eficaz y menos costoso promover alternativas a la prisión y mecanismos de mediación penal que mantener a las personas en centros penitenciarios. Además, ha destacado el valor de la justicia restaurativa como herramienta para la reparación del daño y la pacificación social, al permitir la participación activa de la víctima y la asunción de responsabilidad por parte de quien ha cometido el delito.
Por último, durante el encuentro ha reiterado sus principales reivindicaciones legislativas como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar un tratamiento más justo y adaptado de las personas con adicciones; la modificación del Código Penal para evitar su criminalización, y la promoción de un marco legal estatal que impulse la justicia restaurativa y las medidas alternativas a la prisión.
Según UNAD, el Ministerio de Justicia ha mostrado una actitud receptiva y ha manifestado su interés en seguir profundizando en estas propuestas.
