El sindicato afirma que el Ejecutivo así lo anunció cuando la Generalitat la puso en marcha en Cataluña el pasado mes de junio
MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Unión General de Trabajadores (UGT) ha exigido al Gobierno que "cumpla su promesa" y lleve la medida del euro por receta "al Tribunal Constitucional", tras anunciar la Comunidad de Madrid su aplicación a partir de enero de 2013.
El sindicato, que afirma que el Ejecutivo así lo anunció cuando la Generalitat la puso en marcha en Cataluña el pasado mes de junio, cree que con esta medida, "el Gobierno "impone más impuestos a la enfermedad". En este sentido, lamenta que la ministra de Sanidad, Ana Mato, "no descartó exportar esta iniciativa al resto de España si la mayor parte de las autonomías lo solicitaban".
Sin embargo, y a pesar de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, emplazó al presidente de la Generalitat, Artur Mas, a negociar una solución para evitar un recurso de inconstitucionalidad por entender que el gravamen invadía competencias estatales, "de ese recurso de inconstitucionalidad nunca más se supo", manifiestan desde UGT.
Además, sostienen que las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señalando que el Gobierno se desmarca del euro por receta de Madrid porque no es su modelo, "no son más que afirmaciones de cara a la galería". Y eso que la 'popular' asegura que se va a proceder "a analizar la constitucionalidad de la medida".
EL GOBIERNO "NO TOMARÁ NINGUNA MEDIDA"
Para los miembros del sindicato de trabajadores, lo que realmente va a ocurrir es que el Ejecutivo "no tomará ninguna medida". En su opinión, "si esa fuera su intención, ya habría procedido a presentar el recurso de inconstitucionalidad del que habló en junio".
Por otra parte, y en referencia a las consecuencias de esta medida, indican que va a ser "letal". Y es que, señalan que "se suma al 'repago' de junio y al 'medicamentazo' de agosto, que ya incrementaron considerablemente el coste de las medicinas.
En resumen, afirman que "un modelo no difiere del otro" porque son decisiones que "castigan a la ciudadanía y, muy especialmente, al enfermo". Además, subrayan que "entrañan un peligro para la salud pública, ya que esta 'desincentivación' puede llevar a enfermos a no comprar fármacos que evitarían el contagio de su enfermedad".
En cuanto a los grandes perjudicados de esta medida, UGT señala directamente a los pensionistas, "por ser los que suelen ser mayores consumidores de fármacos y por tener pensiones inferiores a los 1.000 euros". Por ello, concluyen que "muchos de ellos tendrán que optar entre pagar sus medicinas o seguir siendo el sustento de sus familias que se han quedado sin ingresos".
