MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
UGT ha denunciado que la Seguridad Social, en su informe del 'Programa Integral de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores que han estado expuestos a Amianto (PIVISTEA)', sólo reconoce el 1,88 por ciento de los casos de enfermedades derivadas del amianto, es decir, de los 3.384 diagnosticados, sólo reconoce 64.
Además, prosigue, el trabajo revela que contiene información de 13 comunidades autónomas y destaca que se han registrado 1.529 empresas que realizan o han realizado actividad laboral con amianto y 35.630 trabajadores que manipulan o en su día manipularon fibras de amianto en su actividad laboral. Asimismo, concluye que la mayor parte de los trabajadores afectados (60%) se aglutinan en torno a 55 empresas.
En este sentido, el sindicato ha denunciado la "inoperancia" de las diversas administraciones en el reconocimiento y erradicación de este "grave problema", así como las actitudes de "rechazo, inmovilismo, desidia y silencio", y ha reiterado la necesidad de que las empresas adopten medidas preventivas, de seguridad, y de protección para controlar y eliminar este tóxico.
Del mismo modo, ha destacado la importancia de la constitución de un Fondo Público de Compensación a las víctimas declaradas y futuras del amianto y ha lamentado el "escaso interés y poca receptividad" de la Administración Central y de algunos gobiernos y administraciones autonómicas para resolver este problema.
Dicho esto, el sindicato ha propuesto incluir los tipos de cáncer derivados del amianto (laringe o esófago) en el cuadro de enfermedades profesionales; aplicar coeficientes compensatorios de reducción de edad en el paso a la jubilación de los trabajadores expuestos al amianto; crear el Fondo de Compensación; y reformar las normas y protocolos de calificación de enfermedades para su actualización, ajuste y uniformización.
Finalmente, UGT ha recordado que España es uno de los países con menor control de los problemas originados por el amianto y ha alertado de que la "estéril legislación" en el ámbito de la protección laboral y sanitaria, se traduce en un "constante perjuicio" para la salud integral de todos. "Si no se adoptan las medidas adecuadas la situación será muy difícil de corregir en el futuro.
